Francisco Moreno Sáez

La capital de la provincia tenía 73.071 habitantes en 1930 y 96.729 en1940, aunque en esta última cifra habría que incluir a muchospresos foráneos y a sus familiares, trasladados a la ciudad paraayudarles, así como a algunos de los refugiados en ella durante lacontienda y que, poco a poco, iban regresando a sus lugares deorigen.

EnAlicante existía una fuerte implantación de los partidosrepublicanos, en especial de IR. Conformaban una burguesía ilustradaque apoyaba decididamente las reformas iniciadas en el primer bieniode la República y que propició importantes cambios -urbanísticos,educativos, culturales- en la ciudad. Este grupo -muy relacionadotambién con la masonería- sufrió una dura represión y, durante elfranquismo, quienes no fueron encarcelados, ejecutados o tuvieron quemarchar al exilio, perdieron su papel político en la ciudad, aunquesiguieran conservando su posición económica. Esta burguesía teníabuenas relaciones con los obreros, afiliados mayoritariamente aorganizaciones socialistas, aunque con una creciente presencia,durante la guerra, de grupos anarquistas y comunistas¹.

Segúnla Causa General hubo 94 víctimas mortales de la represiónrepublicana entre los vecinos de la ciudad -aunque según Miguel Ors,dieciséis de ellos aparecen también relacionados por la misma CausaGeneral en otros lugares-, y además murieron en el términomunicipal 193 personas de otras localidades. La matanza mayor fue laocurrida el 29 de noviembre de 1939, tras un bombardeo, en la quefueron sacados de la cárcel cerca de cincuenta presos, conducidos alcementerio y fusilados. Otros fueron víctimas de los “paseos” oejecutados por sentencia de los Tribunales Populares -entre ellos,los militares sublevados en julio de 1936, mientras otros vecinos dela ciudad murieron en el frente o en otras provincias, en distintascircunstancias, con el teniente coronel Chápuli, que se suicidó enAlbacete al fracasar en su levantamiento contra la República. LaCausa General no citaba a sospechosos de esos asesinatos, pero enalgunos casos los familiares de esas víctimas acusaron de esasmuertes -bien por haberles asesinado, bien por haberles denunciado- amuchas personas.

Segúnel informe enviado por el Ayuntamiento al Fiscal de la Causa Geneal,en noviembre de 1940, a los pocos días de la sublevación militar,“grupos de elementos marxistas” -en especial, milicianos ymiembros de las Juventudes Libertarias- incendiaron, saquearon ydestruyeron varios edificios religiosos, imágenes sagradas y objetosde culto, colegios y escuelas católicas, así como las sedes deFalange y Derecha Regional Agraria. Y como consecuencia de larevolución social que se puso en marcha tras el golpe de estado, seprocedió a la incautación de instituciones de Banca y Bolsa,talleres metalúrgicos -que dieron lugar a las IndustriasMetalúrgicas Socializadas de Alicante (IMSA)-, cerámicas, almacenesde salazones, bodegas, comercios diversos, que fueron administradospor Consejos Obreros afectos a UGT y CNT. Además, sindicatos ypartidos políticos se instalaron en el Casino, el Club de Regatas,el Círculo Unión Mercantil, edificios religiosos, redacciones deperiódicos de derechas y domicilios particulares, como el que erapropiedad de los marqueses del Bosch y en que ocuparon el Ateneo yAltavoz del Frente.

Adiferencia de la mayoría de las localidades de la provincia, y comoera de esperar, dada la composición sociológica y laboralalicantina, los represaliados por el franquismo se encuadraban enmultitud de profesiones: las relacionadas con el comercio-dependientes, viajantes, empleados, contables, oficinistas,almacenistas-; el transporte -chóferes, sobre todo, tranviarios yferroviarios, trabajadores del Puerto, marineros-; los servicios-camareros, cocineros, los oficios tradicionales -carpinteros,peluqueros, albañiles, panaderos-; y la industria -cerámicos,metalúrgicos, obreros de la Fábrica de Tabacos, mecánicos-; losmilitares y miembros de distintos cuerpos de seguridad -policías,carabineros, guardias civiles, guardias de Asalto-; los funcionariospúblicos -del Ayuntamiento, la Diputación y las delegaciones deMinisterio, así como los oficiales de prisiones-; maestros, maestrasy profesores de Instituto o de Magisterio; jornaleros y obreros engeneral; labradores y campesinos de las distintas partidas;profesionales liberales -en especial, médicos y periodistas-;intelectuales -pintores, escritores, músicos, artistas-, etc. Y lasmujeres, a las que se solía atribuir casi mecánicamente, comooficio, “sus labores”.

Aunquetrabajamos sobre datos muy parciales, pues son muy numerosos loscasos de alicantinos procesados por la Justicia Militar de los que noconocemos las sentencias de sus Consejos de guerra -si finalmente,fueron juzgados-, da la impresión de que la represión en Alicantefue menos intensa, aunque mucho más extensa, que en otraslocalidades de la provincia. Ciertamente, muchos pudieron salir parael exilio en los distintos barcos que partieron del puerto alicantinoa lo largo del mes de marzo: destacados dirigentes políticos ysindicales eludieron así las represalias, aunque pasaron muchos añoslejos de su tierra, a la que algunos -Altamira, Alonso Mallol, CarlosEsplá, Franklin Albricias, Rafael Millá, Pomares Monleón, EmilioCosta, etc- no pudieron volver. Entre treinta y cuarenta alicantinosfueron fusilados en la postguerra, alguno de ellos -como Papi Albert-en otros lugares; además, la mayoría de las victimas mortales de larepresión franquista fueron ejecutados en la provincia de Alicante,tras su juicio ante un Consejo de guerra. Las condenas por adhesióna la rebelión -entre 30 años y 20 años y 1 día de reclusiónmayor – fueron apenas setenta y seis, trece de ellos por conmuta dela pena de muerte. Las condenas más frecuentes fueron las de 12 añosy 1 día de reclusión menor y 6 años y 1 día de prisión mayor porauxilio a la rebelión, más de doscientas. Las acusaciones fueronlas habituales en los Consejos de guerra: estar afiliado y, sobretodo, haber formado parte de la dirección de partidos y sindicatos,haber alcanzado graduación en el ejército republicano, haberintervenido en detenciones, incautaciones y colectivizaciones deempresas, estar en posesión de armas ya en la posguerra, haberformado parte de los Tribunales Populares, etc.

Enun altísimo porcentaje cumplieron esas condenas en el Reformatoriode Alicante, pero también estuvieron muchos de ellos recluidos enlos castillos de Santa Bárbara y San Fernando -aquí, losmilitares-, las cárceles de Orihuela, Elche y Novelda, los panelesde El Dueso y Formentera, varias cárceles de Madrid -Yeserías,Santa Rita, Porlier-, y en el caso de las mujeres, la cárcel deMálaga y el convento de Santa Clara, en Valencia. Varios alicantinosfueron enviados a trabajar a Dos Hermanas, Belchite, Teruel, elpantano de Benagéber, Rota, Talavera y Bielsa (Huesca). El trasladoa Las Palmas o Burgos se reservaba para los sancionados por algúnmotivo, durante su estancia en la cárcel.

LaLey de Responsabilidades Políticas se aplicó a cerca de setecientosvecinos. En la mayoría de los casos, por insuficiencia económica,se tuvo que archivar el expediente “hasta que conste al Tribunalque ha mejorado de fortuna” y fueron condenados a dos o cincoaños de inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos o cincoaños, pena realmente irrisoria, por cuanto casi todos los que habíanpermanecido fieles al gobierno legítimo de la República estaban dehecho inhabilitados para participar en la vida política. Sinembargo, se impusieron fuertes sanciones a algunos dirigentespolíticos, muchos de ellos en el exilio: pérdida total de susbienes, extrañamiento en la Guinea, inhabilitación durante quinceaños, etc. Ese fue el caso de Alonso Mallol, Pérez Torreblanca,Jerónimo Gomáriz, Marcial Samper o Rafael Millá que, en general,tampoco pagaron las elevadas multas, alguna de 300.000 pesetas. Entre1959 y 1961 y ante la imposibilidad de hacer efectivas las multasimpuestas, se procedió al “indulto” de la cantidad, parcial ototal, que no se hubiese abonado.

Lapersecución contra los masones fue extraordinaria y se vieronafectadas por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismomás de doscientas personas -algunas de ellas, ya fallecidas antes de1936, otras incluidas en un proceso que afectó a jóvenes comunistasy que finalmente se sobreseyó-. En la mayoría de los casos lacondena fue de 12 años y 1 día de reclusión menor, que fue casisiempre revisada y rebajada a penas menores o al confinamiento en unalocalidad. Un caso curioso fue el de Enrique Pastor Perles, que ocupócargos muy destacados en la Falange alicantina después de la guerray fue cesado a principios de 1942, al descubrirse que había sidomasón.

Fueronencarcelados en los campos de exterminio nazis veintidósalicantinos, de los cuales sobrevivieron nueve. El exilio, sobre todoen el norte de África, Francia, México y la URSS, afectó a ungrupo importante de alicantinos. Más de noventa mujeres fueronobjeto de diversas represalias, aunque en la vida política ysindical alicantina de la República y la guerra apenas habíantenido una actuación de relieve, salvo algunas excepciones comoCarmen Caamaño, Marina Olcina, Felisa Melendo o Manolita Luque. Encuanto a la represión de los enseñantes afectó a más de setentapersonas, aunque en muchos casos la sanción se debiera a suactividad política o militar. La depuración de funcionarios y -encolaboración con los respectivos Colegios- de miembros de lasprofesiones liberales fue también muy grande en la ciudad, comocorrespondía a su carácter de capital administrativa. Si en lasdemás instancias sancionadoras del franquismo la arbitrariedad y elcastigo por conductas perfectamente legítimas y legales en su díaeran moneda corriente, en el caso de los funcionarios perdieron suplaza de trabajo, entre 1939 y 1940, simplemente por haberpertenecido a un determinado partido o haber hecho propaganda de unaopción política o ideológica, sin ser acusados de ningún delito.En los años cincuenta se autorizó la revisión de sus expedientes,pero en la mayoría de los casos fueron confirmadas las sanciones.Como advertía la Diputación Provincial, cuando remitió esosexpedientes al Gobierno Civil, que la “readmisión en su cargode cualquiera de los interesados, ocasionaría una evidenteperturbación en los escalafones y plantillas, puesto que no existeplaza vacante en los mismos”².

Encuanto a la represión de hechos posteriores a abril de 1936, hemosde referirnos a las detenciones gubernativas llevadas a cabo conocasión del traslado de los restos de José Antonio Primo de Riveradesde Alicante a El Escorial, en 1939, y por el llamado “asunto dela CAMPSA”, que fue interpretado por las autoridades como unsabotaje, en el verano de 1940, y que afectó a más de cuarentapersonas; el procesamiento, en 1940, de numerosos ex-guardias deAsalto que se reunían en una taberna para hacer “laborderrotista”: la mayoría acabaron siendo absueltos o condenadosa penas mínimas, dada la intrascendencia de los hechos, cuando secelebró el juicio, casi tres años después; la represión de losacusados de formar parte de Unión Nacional, entre 1944 y 1945; ladetención y juicio de antiguos militares supuestamente organizadosen la Agrupación de Fuerzas Armadas Republicanas Españolas (AFARE) y, especialmente, la detención, encarcelamiento y juicio de quienesintentaron reorganizar la CNT-FAI, en 1948, y la JSU y el PCE, endiferentes ocasiones, la última de ellas ya en 1974. Poco a pocopasaron a la jurisdicción ordinaria aquellos que, en susconversaciones, insultaban a las autoridades del Nuevo Régimen,exaltaban la República o blasfemaban, siendo en su mayoríacondenados a arrestos de escasa duración.

(1)Obviamente, no se trata aquí de hacer un estudio detallado de lo quela vida política de Alicante durante la Segunda República y laguerra civil. Sobre ese tema, pueden consultarse los trabajos dedivulgación recogidos en la “Historia de Alicante” publicadadurante la conmemoración del V Centenario de la ciudad.

(2)AHPA. Legajo 1167.