Tomás Vte. Martínez Campillo
Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 1.416 habitantes en 1930 y 1.462 en 1940. Hasta los años de la República no existía ninguna organización política ni sindical de la clase obrera. En 1932 fue inaugurada una Casa del Pueblo, en la que tenía su sede La Profesional, con una mayoría de afiliados a la UGT y unos pocos a la CNT, y en la que se encuadraban Campesinos -la Federación de Trabajadores de la Tierra-, Salineros, Oficios Varios -yeseros, carreteros, baberos, alpargateros- y Mujeres. La Agrupación Socialista consiguió un fuerte apoyo electoral -en 1933, más del 50% de los votos- y sus cuatro concejales, como el resto de la corporación, fueron suspendidos en 1934 por la derecha y repuestos en 1936.
No hubo detenciones de personas de derechas ni víctimas mortales de la violencia republicana, gracias a la labor del alcalde, José Barcelona, y de los dirigentes de la Casa del Pueblo, como se reconocía en algunos informes emitidos en 1940 por las autoridades franquistas1. Según la Causa General, el Primero de mayo de 1936, y en el curso de una manifestación se produjo la destrucción de imágenes y objetos de culto y el incendio de la iglesia parroquial2. Asimismo, y siempre según la Causa General, tuvieron lugar algunas torturas y malos tratos a personas de derechas, así como la incautación de fincas rústicas -Lo Pastor, Lo Ballesta, El Espartal, Lo Balaguer, Lo Meca, Lo Masquefa, Casa Alta, Casa de las Almas, Casa Grande, Lo Vera y Los Aniortes- y la tala de su arbolado. Cinco vecinos fueron declarados “desafectos” a la República.
Los represaliados por el franquismo eran, en abrumadora mayoría, jornaleros y obreros agrícolas; en mucha menor medida, salineros, chóferes, albañiles y carreteros, además de las tres mujeres a las que se atribuía como profesión “sus labores”. Fueron acusados de los delitos citados en la Causa General, pero también de haber sido dirigentes de la Colectividad Agrícola, haber sido milicianos y haber intervenido en la recogida de armas de personas de derechas, haber participado en el asalto al cuartel de Torrevieja, haber marchado voluntariamente al frente -algunos, en el Batallón “Alicante Rojo”- y haber alcanzado graduación militar o haber sido comisarios, haber exaltado la causa roja y haber denostado la Nacional. En un informe de alcaldía al fiscal de la Causa General fechado en enero de 1942 se citaba el caso de unos vecinos que, siendo “significados izquierdistas”, se encontraban en la localidad sin haber sido juzgados: eso provocó su procesamiento y condena en Consejo de guerra. Casi todos los represaliados pertenecían a UGT y una minoría a CNT, las JJSS o PCE.
No hubo ninguna condena por adhesión a la rebelión y los penados por auxilio o excitación a la rebelión fueron condenados a entre 12 años y 1 día de reclusión menor y 6 meses y 1 día de prisión menor, predominando las condenas a 6 años y 1 día de prisión mayor. Doce fueron juzgados en un único Consejo de guerra. Algunos estuvieron en campos de concentración, como los de Miranda de Ebro, Portaceli, el Castillo de Santa Bárbara (Alicante) y, sobre todo, Albatera. La mayoría estuvo, preventivamente o cumpliendo pena, en las cárceles de Orihuela, Elche y el Reformatorio de Alicante. Algunos vecinos fueron enviados a Batallones de Soldados Trabajadores a diversos lugares, como Belchite o Huesca.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a siete vecinos que, comprobada su insuficiencia económica, fueron sancionados con inhabilitación para cargos políticos o sindicales. Un vecino, Antonio Gracia Sánchez, fue deportado a los campos de exterminio nazis y murió en Güsen, en 1941. Tres mujeres fueron represaliadas, acusadas de haber participado en la manifestación del Primero de Mayo de 1936 y la quema de la iglesia, de haber sido milicianas y haber exaltado la causa roja. Solamente fue depurado un funcionario municipal, José Ferrer Aniorte, vigilante nocturno, que estaba preso en Orihuela, y fue separado del servicio, aunque luego fue absuelto por un Consejo de guerra.
En la redada que se llevo a cabo en toda la provincia tras la muerte del inspector Maján, en el campo de Elche, fueron acusados de pertenecer al PCE y a Unión Nacional y detenidos 23 vecinos de San Miguel de Salinas, cuatro de los cuales fueron procesados por organización comunista y propaganda subversiva, permaneciendo en la cárcel algo más de siete meses. La mayoría salió en libertad a las pocas semanas.
(1) Para un detallado estudio sobre lo ocurrido en la guerra civil y la postguerra en San Miguel, a partir de fuentes documentales y de la historia oral, véase el libro de MARTÍNEZ CAMPILLO, Tomás Vte., Aquí están las pruebas. Las víctimas de la represión franquista en San Miguel de Salinas (en prensa).
(2). Al haberse producido la quema de la Iglesia antes del 18 de Julio de 1936, en algunos casos los Consejos de guerra consideraron que no era objeto de su jurisdicción, aunque en otros casos sancionaron a los acusados de haber participado en ello.