Joan Miquel Almela Cots
Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Marina Alta, que tenía 8.398 habitantes en 1930 y 8.547 en 1940, aumento de población que se debió a la llegada de refugiados que compensó las bajas de vecinos de Pego en los frentes de batalla. Población agrícola, en la que el 74% de la población activa trabajaba en el sector primario. El control de la vida política local por los caciques, en especial por Juan Torres Sala, era muy grande. En 1928 se creó Alianza Republicana y en 1930 Derecha Liberal Republicana. En las elecciones de abril de 1931 resultaron elegidos once concejales monárquicos, por cinco republicanos -de ellos, dos socialistas-, por lo que fueron anuladas y repetidas en mayo de ese año, resultando vencedora una Conjunción Republicano-Socialista. Las derechas, aunque en un primer momento se alistaron en el Partido Radical y la DLR acabaron por ingresar en la Derecha Regional Agraria que dirigía el citado Torres Sala y que tenía en Pego uno de sus principales bastiones -allí se celebró en 1933 un multitudinario mitin con Gil Robles y Luis Lucia-. En 1934 los republicanos de izquierda se agruparon en la recién creada IR, aunque algunos se mantuvieron en UR1.
La Agrupación Socialista se organizó en 1927 y ya en la República, cuando ingresó en la Federación Provincial Socialista, tenía cien afiliados, que casi se doblaron en 1933. El alcalde en esos años era Aquilino Barrachina, miembro del PSOE. La represión subsiguiente a los acontecimientos de 1934 y el cese de la corporación municipal provocaron un descenso en el número de afiliados socialistas, unos 26 en 1936. Durante la guerra, pertenecían al PSOE una treintena de vecinos. El sindicato mayoritario era la UGT, con sus secciones de Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios -este, creado en 1928-. La CNT no parece que tuviera presencia en Pego hasta la guerra civil, con una Colectividad Agrícola y un Sindicato Único de Oficios Varios.
En cuanto al PCE, su radio era cabecera de la organización comarcal, organizó una sección de la Federación Provincial Campesina2, una Cooperativa Agrícola de la Casa del Pueblo -con unos 150 socios-, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, la Agrupación de Mujeres Antifascistas3 y el SRI. Otras organizaciones existentes en Pego durante la guerra eran las JJSS, la JSU, UR e IR. Fueron colectivizadas alguna industria y diversos oficios -albañiles, herreros, carpinteros, etc- por CNT y UGT, e incautadas varias fincas rústicas y urbanas, éstas para sedes de partidos y sindicatos, para un hospital o para acoger a refugiados, que fueron alojados, sobre todo, en el Convento de los Franciscanos. El Consejo Municipal estaba constituido, mayoritariamente por los sindicatos -cinco miembros la UGT y tres la CNT-, quedando otros cinco puestos para republicanos, socialistas y comunistas.
Según la Causa General y otras investigaciones, dieciocho personas fueron víctimas de la violencia republicana, en su mayoría, ocho, sacerdotes y religiosos; otros tantos eran labradores, propietarios casi todos, uno médico y otro oficial del Ayuntamiento. Muchos pertenecían a DRA y dos de ellos habían sido alcaldes. Sus muertes tuvieron lugar entre agosto y octubre de 1936 y tuvieron lugar en Gandía, la Covetá Fumá (El Campello), y los Valls de Gallinera y Alcalá. Además, ya en abril de 1936 se produjo la destrucción de imágenes, altares y objetos de culto de la Iglesia de los Franciscanos, y en agosto de ese año ocurrió lo mismo en la Iglesia Parroquial, las Capillas del Ecce-Homo, San Miguel, San Lorenzo y San José, y la Iglesia de San Antonio (Convento Viejo). El informe enviado al fiscal de la Causa General responsabilizaba de estos hechos a numerosos vecinos de la localidad, aunque algunos acusados incluso de asesinatos, fueron después condenados en Consejo de guerra solo a penas de prisión4. Según la guardia civil, algunos asesinatos colectivos fueron decididos por los componentes del Comité Revolucionario de Pego. Un total de 23 vecinos fueron juzgados por el Tribunal Popular en Alicante y condenados a diversas penas, y 89 fueron declarados "desafectos" a la República.
La mayoría de los represaliados por el franquismo trabajaban en la agricultura o en los servicios -comerciantes, carpinteros, albañiles, cerrajeros, chóferes, panaderos, contables, etc-. Fueron acusados de los delitos reseñados en la Causa General y, además, de haber desempeñado cargos representativos en partidos y sindicatos afines al Frente Popular, en el Consejo Municipal, la Casa del Pueblo, el Comité de Salud Pública, la Junta calificadora de desafectos, etc; haber sido milicianos, haber marchado voluntariamente al frente, obteniendo alguna graduación; haber intervenido en incautaciones, registros, tala de árboles, exigencia de dinero a personas de derechas, requisas y controles en cárceles; haber sido testigos de cargo ante el Tribunal Popular o haber participado en una batida por la sierra en busca de huidos.
Fueron condenados a muerte por los Consejos de guerras franquistas veintisiete vecinos, aunque los ejecutados -en Dénia y Alicante- fueron finalmente dieciocho; a siete se les conmutó esa pena por la de 30 años de reclusión mayor y dos, Carlos Mestre y Fernando Siscar, se fugaron de la cárcel, cuando ya habían sido juzgados. Otros trece fueron condenados también por adhesión a la rebelión, a penas entre los 30 años y os 20 años y 1 día de reclusión; el resto lo fue por auxilio -y en menor medida, excitación- a la rebelión, la mayoría condenados a 12 años y 1 día de reclusión menor. No conocemos el resultado del proceso contra más de cuarenta vecinos.
En agosto de 1939 el alcalde de la localidad comunicó al Gobierno Civil que se amontonaban en la cárcel de Pego 269 detenidos -no todos vecinos de Pego, pero sí de los pueblos que formaban su antiguo partido judicial- como consecuencia de su actuación en la época roja, entre ellos nueve condenados a la última pena "y algunos otros acreedores de la misma", y estaban custodiados por fuerzas de FET y de las JONS que, por falta de entrenamiento y de costumbres militares, no podían desempeñar esa custodia con la debida eficacia; por ello, pedía que se ampliase el número de efectivos de la Guardia Civil pues solo había dos números5. Después, y tanto preventivamente como para cumplir condena, estuvieron presos en Dénia, Gandía, Portaceli, Alcoi, Orihuela, el Reformatorio de Alicante, Elche, Monóvar, Valéncia, Toledo, los campos de Valdenoceda y Miranda de Ebro, el penal de El Dueso, etc. Otros fueron enviados a Colonias Penitenciarias o Batallones de Soldados Trabajadores en Aranjuez, Dos Hermanas, el pantano de Benagéber, Belchite, Quinto de Ebro y Marruecos.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a cerca de setenta y cinco vecinos, aunque a la inmensa mayoría, por su insuficiencia económica, solo se les sancionó con inhabilitación para cargos públicos. Cinco vecinos fueron recluidos en los campos de exterminio nazis y todos fueron asesinados en Gusen. Otro, según su familia, murió como consecuencia de las torturas y malos tratos, que también se aplicaron al alcalde Aquilino Barrachina, a José Alarcón y a Filiberto Sena, los tres condenados a muerte y ejecutados. Finalmente, otro se suicidó, oficialmente, en el depósito municipal de la localidad, en septiembre de 1939.
Las mujeres represaliadas fueron pocas, tres de ellas eran maestras, dos fueron condenadas a 6 años y 1 día de prisión mayor y otra; María Ivars, que desarrolló una gran actividad política, a 12 años y 1 día de reclusión menor. Otros vecinos marcharon al exilio, la mayoría a México, tras pasar por Argelia o Francia. Finalmente, por hechos posteriores a abril de 1939 fueron arrestados o procesados algunos vecinos, bien por gritos subversivos -a veces, en estado etílico-, bien por tratar de reorganizar en 1947 la CNT-FAI o, en el caso de Carlos Oltra Ortolá, por causas que desconocemos.
(1). Para un conocimiento más detallado de lo ocurrido en Pego en estos años, véase el libro de BALLESTER ARTIGUES, Teresa, La Segona República a Pego (1931-1939). Un poble enfrontat. Ajuntament de Pego- Edicions del Bullent. Picanya, 2006.
(2). Los militantes del PCE en Pego pertenecían unos a la FTT y otros a la FPC, con un evidente peligro de enfrentamiento, pues muchos camaradas consideraban que “los componentes de la Federación Campesina son antiguos caciques y amos al servicio de los reaccionarios”, lo que provocaba el rechazo en la UGT local a admitir en ella a la FPC (Informe del presidente de la FTT de Pego en una conferencia del Radio de esa localidad, recogido por Teresa Ballester).
(3). Sin embargo y como advertía la responsable de la secretaria femenina de Pego, “el movimiento emancipador de la mujer, a pesar de toda la propaganda, no ha sido debidamente comprendido” debido a los “prejuicios arraigados en estos pueblos”. Así, a Rosa Sendra Llorca, miembro del PC de Orba, en una sesión del Consejo Municipal, al que pertenecía, un concejal de IR le dijo que “no tenía vergüenza de estar allí entre los hombres” (Protesta que el Radio de Pego envía al Gobernador Civil, 5-VI-1938. AHN-SGC de Salamanca).
(4). Miguel Ors señaló el hecho de que un vecino al que la Causa General imputó nada menos que nueve muertes, además del asalto a las Iglesias, solo sufriera penas de cárcel al terminar la guerra.
(5). El Gobernador Civil respondió que "no puede accederse de momento por falta de fuerzas". En noviembre ya habían sido todos trasladados al campo de concentración de Dénia (Fuente: AHPA. Legajo 3461).