Antonio José Mazón Albarracín
Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Vega Baja del Segura con 38.712 habitantes en 1930 y 43.619 en 1940, en la que los partidos dinásticos y los tradicionalistas aglutinaban a las clases dirigentes.
Con el impulso inicial del obispo Juan Maura Gelabert, desde finales del siglo XIX la Iglesia trató de organizar a los trabajadores para evitar “la subversión social”. Con esa finalidad, crearon en 1887 el Círculo Católico de Orihuela, en 1914 un Sindicato Agrícola y en 1919 la Federación de Sindicatos Agrícolas. Impulsada por el canónigo Luis Almarcha; dicha federación contaba en 1920 con cuarenta y cinco sindicatos, alcanzando un movimiento económico cercano a los dos millones de pesetas. Poco a poco se fueron incorporando otros sindicatos similares de Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Catral, Formentera, Rafal, Rojales y San Fulgencio.
Ya metidos en los años veinte, los socialistas iniciaron los trabajos para crear una organización obrera de clase. Con ayuda de los compañeros de Callosa de Segura celebraron por primera vez el Primero de Mayo en 1923. Al año siguiente se creó la Agrupación Socialista que sólo contaba con veinticinco afiliados en 1929, poco antes de aparecer la Juventud Socialista.
Durante la II República las derechas locales estuvieron muy divididas. A partir de 1935 se constituyó un importante núcleo de Falange Española.
Los republicanos estaban encuadrados en UR, el PRRS, AR e IR1. En el movimiento obrero se mantenía la hegemonía de UGT y PSOE, que vio crecer el número de sus afiliados y simpatizantes hasta alcanzar casi un tercio de los votos en 1933. Sus dirigentes más destacados fueron Antonio Cubí, secretario local; Isidoro Sánchez, alcalde, y Pascual Soriano, presidente del Frente Popular. También se crearon Agrupaciones Socialistas en algunas partidas como La Murada o San Bartolomé.
Ya en 1936 se crearon la CNT y el PCE, con gran desarrollo de los comunistas durante la Guerra Civil2. Dos años después contaban con ciento ochenta y un afiliados, entre ellos treinta y dos mujeres a pesar de “las características especiales de este pueblo” y treinta y seis compañeros destinados en el frente. Aunque funcionaban deficientemente, disponían de siete células de barriada y una de empresa, organizando el SRI con unos mil afiliados. Existían radios del PCE en la Media Legua, Molíns, Hurchillo, Arneva y La Murada, en la mayoría de los cuales se reconocía no haber hecho ningún trabajo para incorporar a la mujer a la vida política y sindical3.
En el aspecto sindical, la CNT creó una Colectividad Agrícola, el PCE organizó una sección de la Federación Provincial Campesina y la UGT controlaba la mayoría de los quince sindicatos locales, entre los que destacaba la Federación de Trabajadores de la Tierra, que contaba también con una Colectividad Agrícola y había colectivizado una industria de la localidad.
Según consta en la Causa General, durante la Guerra Civil fueron asesinados o fusilados tras sentencia de los Tribunales Populares un total de setenta y ocho vecinos de la localidad -aunque no todos eran oriolanos-. Estos dramáticos hechos sucedieron en diversos escenarios, principalmente entre los meses de agosto y diciembre de 1936.
Veintinueve eran sacerdotes o religiosos; el resto pertenecían a Falange Española o al resto de formaciones de la derecha. Únicamente se produjeron dos muertes más allá de 1936: una en 1937 y otra en 1938 -esta última por "sufrimientos en la cárcel"-. Se responsabilizó de todos estos crímenes a "milicianos del Frente Popular" o al Tribunal Popular de Alicante.
Miguel Ors reduce estas cifras a setenta y cuatro, todos hombres. De esta lista, cuarenta y dos fueron “paseados”; veintidós fusilados tras recibir condena por el Tribunal Popular; cuatro perecieron en la saca de noviembre de 1936 en Alicante; dos murieron en la cárcel y otros dos de modo desconocido. El grueso de las víctimas fueron religiosos, agricultores, abogados y militares, algunos de avanzada edad.
Muchos vecinos de Orihuela, ciento siete en total, pasaron por los Tribunales Populares de Alicante. De ellos veintidós fueron condenados a muerte, veintiuno quedaron absueltos y el resto sufrió distintas penas. El mayor juicio y el más mediático fue el celebrado contra quienes secundaron el intento de liberación de José Antonio Primo de Rivera en Alicante, un puñado de campesinos, en gran parte de la partida de El Mudamiento, reclutados por el barón de Linde, al que durante el juicio acusaron de haberles engañado.
La mayoría de las muertes “extralegales” fueron obra de unos pocos pistoleros destacando Ramón Velasco Cases, un vecino de Benejúzar apodado “El Pincelito”. Algunos fueron juzgados (Pincelito y uno de sus cómplices) durante la guerra y acabaron ejecutados al terminar la misma.
Siguiendo con el informe de la Causa General, en agosto de 1936 fueron saqueados la mayoría de los templos, destruidos sus altares y quemadas imágenes y ornamentos. El Seminario de San Miguel se convirtió en “campo de trabajo” en el que fueron encarceladas muchas personas durante la guerra y en la inmediata postguerra, cuando se le denominó Prisión Central.
El Colegio de Santo Domingo fue utilizado como Academia de Carabineros; el Convento de la Trinidad, como cuartel de Guardias de Asalto; el de San Gregorio, cuartel de Bomberos; el de Capuchinos, Hospital de Sangre; el de San Francisco, cuartel de Aviación; el Colegio de Jesús María, cárcel preventiva y luego Instituto de Segunda Enseñanza; el Palacio Episcopal, Casa del Pueblo. Otros edificios religiosos sirvieron como almacenes, sedes de organismos obreros y alojamientos para los numerosos refugiados que llegaron a la ciudad.
Fueron asimismo saqueadas las numerosas ermitas e iglesias de las partidas de La Murada, La Matanza, Desamparados, La Aparecida, Molíns, Hurchillo, Torremendo, Pilar de la Horadada, Rebate, San Bartolomé y La Marquesa.
Resulta al menos curioso que cuando el fiscal de la Causa General pidió al alcalde de Orihuela que le facilitase los nombres de los sospechosos de todos estos delitos y crímenes, éste le contestase en febrero de 1942, que "hechas las averiguaciones pertinentes por mis agentes resulta que se desconocen los nombres de los causantes de los hechos delictivos" .
Como es lógico, dada la estructura económica de la ciudad, los represaliados durante el franquismo fueron en su mayoría trabajadores agrícolas y obreros manuales de diversos oficios: sastres, panaderos, albañiles, barberos, carteros, herreros, tipógrafos, carpinteros, ferroviarios, etc. También algún abogado, estudiantes, miembros del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad, destacando un sacerdote.
Además de los delitos citados por la Causa General, otros individuos fueron acusados por su pertenencia a la dirección de partidos y sindicatos afectos al Frente Popular o a sus diversas organizaciones; también por haber sido alcaldes pedáneos; por milicianos o por haber intervenido en requisas, saqueos, controles de empresas, detenciones o denuncias; por haber marchado voluntarios al frente y haber alcanzado alguna graduación; por haber hecho propaganda de la “causa marxista”, por haber participado en la “recuperación de prófugos” que trataban de esquivar su marcha al frente; por haber proferido amenazas o por haber sido testigos de cargos contra personas de derechas.
Cincuenta vecinos de Orihuela fueron condenados a la pena de muerte por adhesión a la rebelión; aunque a once se les conmutó la condena por la de treinta años de reclusión mayor aplicada también a veintidós personas. La pena más frecuente fue la de doce años y un día de reclusión menor por auxilio a la rebelión, aplicada, al menos a ciento diez procesados. Les siguieron las de veinte años de reclusión o seis años y un día, aplicadas en ambos casos a más de cuarenta acusados.
La geografía carcelaria por la que transitaron estos presos durante la postguerra fue muy variada: en la provincia, los campos de concentración de Albatera, el Castillo de Santa Bárbara en Alicante. Las dos cárceles de la propia Orihuela, la de Elche, la cárcel de mujeres de Monóvar y, sobre todo, el Reformatorio de adultos de Alicante. En el resto de España, los penales de Formentera (Baleares) o El Dueso, los campos de concentración de Aranda de Duero, San Juan de Mozarrifar, Valdenoceda o Portaceli, las prisiones de Toledo, Málaga, Gijón, San Miguel de los Reyes (Valencia), Madrid, Bilbao, Guadalajara, etc.
Muchos vecinos de Orihuela fueron enviados a trabajar en Batallones Disciplinarios o Colonias Militarizadas en el Canal del Alberche, Dos Hermanas, la reconstrucción de Belchite, Bielsa y Teruel, el pantano de Benagéber, Aranjuez o Talavera, entre otros lugares.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a más de doscientas treinta personas; pero dada su insolvencia, casi todos fueron condenados a la inhabilitación para cargos públicos durante dos o cinco años, siendo imposible aplicarles penas económicas.
La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo afectó a muy pocas personas, entre ellas al diputado Romualdo Rodríguez de Vera, a José María Sarabia Pardines y a José María Lucas Parra, personajes que habían pertenecido a Logias de otras localidades.
En los campos de concentración nazis fueron internados ocho vecinos de la ciudad de los cuales sobrevivieron dos. El resto fue asesinado en Gusen. Otros nueve -entre ellos el poeta Miguel Hernández- fallecieron por distintas enfermedades en las cárceles.
Fueron muy numerosos los oriolanos que marcharon al exilio, en su mayoría a Francia y sus posesiones en el Norte de África, especialmente Orán. Otros marcharon a México, Bolivia, Chile o Checoslovaquia. Algunos fueron regresando, parcialmente al principio -se les autorizaba la estancia durante un mes- en los años cincuenta.
La represión contra las mujeres afectó solo a unas cuarenta personas, seis de ellas maestras. También fueron sancionados varios maestros, algunos de los cuales fueron declarados cesantes por no haberse presentado en su destino, por estar en la cárcel o en el exilio. La Comisión depuradora de la enseñanza remitió una lista de más de cuarenta nombres, la mayoría calificados como “activistas revolucionarios”, “destacado elemento de izquierdas”, “mujeres antifascistas”, “peligrosos elementos comunistas”, etc.
La depuración del personal del Ayuntamiento dio los siguientes resultados: cincuenta y un afectos por treinta y cuatro desafectos, clasificados como: “elementos de izquierdas” y “destacados elementos de izquierdas” o “destacadísimos elementos de izquierdas”.
En la empresa de los coches de línea se pidieron una docena de informes, resultado ocho afectos, dos desconocidos por ausentarse durante la guerra y un par de desafectos. En Correos, Manuel Alzamora fue destituido por haber militado en la CNT al igual que uno de sus subalternos. Otro jefe de negociado pertenecía al PSOE. De los cuatro carteros urbanos, tres fueron denunciados por el otro, encarcelado durante la guerra. Algunos eran dirigentes del PRRS o de IR.
La Compañía de Ferrocarriles Andaluces también pidió informes de sus empleados. Para Riegos de Levante se hicieron cuarenta y cinco informes, entre los que señaló a diez y seis desafectos.
Por supuestos delitos cometidos con posterioridad a abril de 1939 fueron detenidos, juzgados y condenados en algunas ocasiones numerosos vecinos de Orihuela: doce en 1943 por ser considerados “peligrosos”; otros fueron condenados en 1944 por reunirse en una taberna o por hacer y repartir copias de una carta de Indalecio Prieto; en 1946 por injurias contra el Régimen; en 1947 por “organización clandestina”; en 1948 por pintar letreros con vivas a la FAI, etc.
Pero sin duda, las detenciones más numerosas fueron las que se produjeron en 1945, con ocasión del supuesto “complot comunista” tras la muerte del inspector de policía Maján, en una partida de Elche, que afectó a más de cincuenta vecinos de Orihuela, además de a otros muchos de la comarca, afiliados al PCE o a otros partidos e incluso anticomunistas declarados -como Francisco Ros Alifa- que fueron sometidos a malos tratos y torturas. Cuando fueron trasladados al Reformatorio de Alicante, estuvieron presos algunas semanas y fueron finalmente puestos en libertad, la mayoría sin cargos.
(1). MAZÓN ALBARRACÍN, Antonio José, “La política oriolana entre las elecciones de 1931 y la victoria del Frente Popular”, en AA.VV., La Orihuela de Miguel Hernández. 1910-1942. Fundación Miguel Hernández. Murcia, 2011, págs. 29-45.
(2). Para un mejor conocimiento de lo ocurrido en Orihuela durante estos años pueden consultar los libros de MAZÓN ALBARRACÍN, Antonio José, La II República y la Guerra Civil en Orihuela, Vistas desde el puente de Rusia. Ajomalba. Orihuela, 2010, y CASTAÑO MARTÍNEZ, Agustín y Ricardo, Orihuela durante la Guerra Civil española. Orihuela, 2011.
(3). “Son de los que dicen todavía las mujeres a la cocina”(“Radio de Arneva. Comarcal de Orihuela”, en AHN-SGC de Salamanca, legajo 110/7).