José Ramón Valero Escandell

Castalla es, con los datos actuales, el municipio de la provincia de Alicante sobre el que se ejerció una mayor represión en la posguerra: el número de encarcelados del que tenemos constancia supera los 230, y parece ser que fueron muchos más los detenidos en algún momento en los depósitos carcelarios de la ciudad, aunque no fueran enviados después a prisión alguna. Hay que tener en cuenta que, aunque Castalla era todavía el municipio con mayor número de habitantes de toda La Foia, sólo contaba con 4.202 según el censo de 1930, que se vieron reducidos a 3.972 en 1940.

En el caso de Castalla, la explosión de violencia y represión vividos en los primeros meses de guerra y, especialmente, con la llegada del franquismo, tiene unas raíces profundas y peculiares. Al contrario que en Ibi y en Onil, los pueblos más cercanos, donde la industria ya había desplazado con nitidez a la agricultura, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, Castalla seguía siendo una sociedad esencialmente agraria, con una fortísima desigualdad en el reparto de la tierra. Ello había propiciado desde siempre una marcada polarización ideológica. Así, por un lado, los terratenientes habían fomentado desde el inicio de siglo una organización sindical de tintes carlistas, la Unión Católica Obrera; entre los obreros, el predominio socialista inicial –en 1920 funcionaba la Sociedad Obrera de Castalla- se vió pronto desplazado por una organización bastante precoz del Partido Comunista, como puede deducirse del elevado número de detenidos a los que se acusa de militancia comunista muy anterior al golpe militar.

Tras el triunfo del Frente Popular, las autoridades locales obligaron a las grandes fincas a contratar un número mínimo de trabajadores jornaleros, con la oposición de los denominados senyorets, que se negaban a darles trabajo alguno; así, durante muchos días era normal ver a los trabajadores durante toda la jornada a la puerta del propietario de la finca a la que habían sido asignados, casi siempre residía en el área del Carrer Major y la plaza. Fueron tiempos de radicalización social, con el nacimiento de un pequeño núcleo falangista, mucho menos fuerte que en Onil e Ibi; de crecimiento rápido del PCE, convertido en el principal partido local en julio de 1936 y la implantación de la CNT, casi inexistente hasta entonces, pero que pronto se desarrolló en buena medida en relación con la colonia proletaria castallense afincada en Elda. Pese a todo ello, no parecen haber existido notables conflictos sociales violentos como los que afectaron a poblaciones cercanas como Alcoi, Elda e incluso Ibi; tal vez, el más destacado hecho violento de aquellos primeros meses de 1936 fue el intento de agresión al alcalde republicano cometido por un derechista local.

La sociedad castallense era, además, una sociedad marcadamente cerrada, donde todo el mundo se conocía, estratificada, incluso por calles. La mayoría de sus habitantes había nacido en la propia localidad; entre los represaliados de posguerra, sólo uno de cada veinte era nacido en otros municipios, lo que no implicaba en absoluto demasiada lejanía (Ibi, Onil, Sax, Biar…); sólo había un nacido en Argel –es decir, un hijo de emigrados retornados-. El enfrentamiento social no era flor de un día.

En las semanas iniciales de la guerra si se vivieron situaciones de violencia extrema. En general, fueron muy similares a los de los municipios cercanos: detenciones, asalto a los lugares de culto y quema de algunas imágenes y ornamentos religiosos, tensiones con la incautación de las mayores fincas de la localidad y de alguna pequeña empresa muñequera: a los quince o veinte días de la sublevación militar, en esa localidad ya les habían sido incautadas las tierras a los caciques y eran trabajadas en forma colectiva. Como en tantos pueblos, hubo paseos en los que se asesinó a ciudadanos de derechas, 11 en total, siendo el principal de ellos el del 1 de noviembre de 1936, con cinco víctimas, tres de ellos sexagenarios. Lo que hizo excepcional el caso de Castalla fue el linchamiento del secretario del juzgado en el propio Ayuntamiento, en el que según la Causa General llegaron a participar activa o pasivamente hasta 50 personas, aunque sólo se cita el nombre de ocho de ellas; Enric Valor ha sabido reflejar de manera bastante verosímil aquel terrible hecho y las circunstancias que lo hicieron posible en su novela Temps de Batuda. En otro asesinato, el de un capitán médico retirado en el cementerio, pudieron llegar a participar hasta una treintena de agresores, aunque sólo se cita a cuatro, por lo que también podría considerarse linchamiento. La Causa General llega a detallar la intervención de más de setenta personas, con nombre y apellidos, implicados o simples espectadores, en la quema de la iglesia parroquial, a las que responsabilizan también de los daños causados al día siguiente en la ermita de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y el convento de Mínimos. En total, aunque varios nombres coinciden, un centenar largo de personas sobre las que en teoría recaería el peso de la ley.

Sin embargo, la represión franquista no se limitó a condenar a los presuntos autores de esos hechos violentos; en realidad, el grupo dominante tras la guerra, ligado nuevamente a los terratenientes locales –el jefe local de Falange era también importante hacendado- se centró en el castigo a quienes habían ocupado el Consejo Municipal, en especial la alcaldía y sus tenencias, la dirección de los grupos políticos y sindicales y las sociedades obreras que habían procedido a la incautación de las principales fincas, es decir, la Alianza Agraria Obrera, vinculada a UGT y al PCE, y el Consejo de Administración de Incautaciones Agrícolas CNT-AIT-FAI. Media docena de quienes fueron fusilados no aparecen nombrados en ninguno de los hechos denunciados en la Causa General, pero sí eran elementos significativos de la izquierda local, cuyo descabezamiento radical era la razón principal de la represión.

Muchos rasgos diferenciales caracterizan a la represión franquista en Castalla. Ante todo, la dureza de las penas impuestas; así a los 25 fusilados, cabría añadir otro más del que apenas conocemos más que el nombre, dos personas suicidadas en la cárcel –una de ellas en Alcoleja, donde fue detenido-, un muerto en la cárcel y tres exiliados que acabaron sus días en los campos de concentración nazi, en Gusen y Mauthausen. De los otros doscientos encarcelados, 25 fueron condenados a penas de treinta años y otros 32 a veinte años o más. Y todo ello a pesar de que buena parte de los dirigentes más significativos consiguió exiliarse en Francia o en Argelia. En muchos casos, para fundamentar las condenas, además de los sucesos descritos o de la pertenencia a organizaciones populares, se llegó a hablar de cuestiones como alegrarse de una victoria republicana, observar la quema de imágenes aunque no se participase en ella o colaborar con Socorro Rojo.

También caracteriza la represión en Castalla el duro castigo a las mujeres, cuando apenas tuvieron una presencia destacada ni en las sociedades colectivizadoras, ni en las instituciones municipales ni siquiera en la dirección de Socorro Rojo. Las mujeres fueron en algunos momentos, como en el linchamiento del secretario del juzgado o la quema de los edificios religiosos, activas participantes, incluso según algunos testimonios incitadoras de los mismos. Por eso fueron juzgadas casi medio centenar de ellas, con cinco fusiladas, una de ellas sexagenaria; esta última y otras dos ni siquiera aparecen citadas en ninguno de los hechos descritos en la Causa General franquista. Hubo otra mujer que acabó suicidándose antes de ser juzgada.

En Castalla la represión fue generalizada, sin que resulte fácil delimitar a quienes afectó en mayor medida. Es cierto que carecemos de bastante información de algunos represaliados, pues falta en muchas ocasiones la edad, la profesión y, especialmente, la filiación política. Por edades, predominan aquellos los que superaban ligeramente los treinta años al comienzo de la Guerra Civil, pero hubo todo tipo de gente: desde los menores de edad hasta los sexagenarios. En cuanto a las profesiones, se refleja la distribución laboral del pueblo y el carácter popular de la mayoría social defensora de la República y de cambios sociales significativos: gran parte de ellos eran trabajadores agrarios, con un claro predominio de los jornaleros sobre quienes poseían algún tipo de tierras (agricultores, labradores…); hubo también muchas mujeres dedicadas a sus labores, según la clasificación de la época, aunque era frecuente que compatibilizasen el trabajo en el hogar con otras ocupaciones. En un pueblo escasamente dinámico, con poca industrialización y cierta emigración, ni los albañiles ni los obreros fueron numerosos, pero hubo represaliados de otras veintiocho profesiones; eran de todo tipo, desde yesero, pocero o sirvienta hasta impresor, maestra, recaudador o mecánico, lo que parece mostrar la fuerte implicación de distintos estratos sociales –desde los más humildes a ciertas clases medias- en la causa republicana.

En Castalla la ideología más castigada, como corresponde a su marcado predominio en el bando republicano local, fue la comunista, con casi medio centenar de enjuiciados acusados de ello; más aún fueron quienes aparecen como afiliados a la UGT, aunque bastantes de ellos también eran del PCE, que tenía una notable influencia en la fábrica de aviones SAF nº 15 que se instaló en Castalla, trasladada desde Rabasa (Alicante) para preservarla de los bombardeos. El segundo grupo más afectado fueron los anarquistas, un colectivo que había ido incrementándose en la ciudad desde 1936; por eso, muchos de ellos aparecen como miembros de CNT y del PCE o se indica que fundaron el sindicato libertario a partir de una militancia previa en UGT. Del resto de grupos políticos, destaca la escasa presencia de socialistas, muy minoritarios en Castalla; pocos son también los afiliados a Izquierda Republicana, aunque en este caso el castigo para ellos fue muy duro, en buena medida por su notable representación en las instituciones locales y su prestigio como grupo moderador. En general, los comunistas y los anarquistas, considerados más peligrosos, más extremistas, más revolucionarios son aquellos a los que se culpabiliza de los sucesos más graves. De casi la mitad de los represaliados desconocemos su militancia concreta, si la tuvieron, aunque en ocasiones se les califica de izquierdistas, republicanos o extremistas. No significa en absoluto que los tribunales mostrasen una actitud más benévola o condescendiente con ellos: una decena de los fusilados estarían en este grupo. El Tribunal de Responsabilidades Políticas expedientó a más de setenta y cinco vecinos.

Otro hecho destacado es la presencia de auténticas sagas familiares entre los represaliados; este sería el caso de los Esteve Gimeno, de los Esteve Castelló, de los Rico Bernabeu, de los Rico Gil y, especialmente, de los Juan Berbegal, los Mañacos, siete miembros de una misma familia comunista cuyos dos hermanos más destacados consiguieron exiliarse en Argelia. En este último caso, ante la imposibilidad de castigar a los protagonistas principales, la represión se centró en una hermana, Dolores, fusilada cuando todavía tenía una hija lactante, o en los más pequeños, Luis y Adoración, esta última encarcelada en Xixona con 17 años, acusada por un linchamiento producido cuando tenía 14 años (su nombre, además, no aparece reflejado en la Causa General).

La geografía carcelaria de los republicanos castallenses es relativamente sencilla, al menos hasta el momento en que son sometidos a juicio. Casi la totalidad fue detenida en la localidad, encerrada en lugares habilitados al efecto hasta que eran trasladados a centros de concentración o a cárceles próximas: la situación de esos presos en la misma localidad era aterradora, expuestos a malos tratos: sabemos incluso que un alférez provisional disparó con su pistola desde la calle contra los presos que se encontraban en el segundo piso de la Casa Ayuntamiento. La mayoría, tanto hombres como mujeres fueron internados inicialmente en el Campo de Concentración de Monóvar, aunque a edificios distintos; después, comenzaron a enviarlos a Xixona, la cabecera de partido judicial, o a Alcoi, localidades en las que ya fueron juzgados algunos de ellos. Conforme se normalizó la situación casi todos esperaron juicio en el Reformatorio de Alicante. Muchos de ellos, en unos pocos meses, transitaron por tres o cuatro lugares de internamiento. Una vez juzgados, muchos recorrieron distintas cárceles del país, especialmente en provincias como Málaga en el caso de las mujeres, Toledo, Madrid… También soportaron batallones de trabajo y colonias disciplinarias.

No resultan demasiado comprensibles algunos rasgos de la represión: en primer lugar, que la magnitud de los castigos no se ajusta en absoluto a la gravedad de los cargos que se les imputan; ya hemos visto que muchos fusilados ni siquiera aparecen como autores de los hechos violentos que denuncian los poderes franquistas en la Causa General; por el contrario, hay gente incluida en la relación de responsables de delitos que no aparecen como juzgados o que son castigados con penas menores. Más sorprendente aún es que la gravedad de las penas impuestas sea totalmente compatible con el hecho de que en 1945 casi todos ellos estén en libertad; los informes oficiales de 1950 no parecen mencionar a nadie que continúe detenido. Se trataría de una represión brutal, pero mucho más intensa que prolongada; de hecho, los fusilamientos se concentran entre los años 1939 y 1942, especialmente en 1941. Parece como si el cambio de suerte en el curso de la II Guerra Mundial, con el retroceso alemán, hubiese enfriado el furor justiciero de un régimen filonazi.

Por hechos considerados delictivos por las autoridades franquistas fueron detenidos, multados y encarcelados en algún caso varios vecinos de Castalla: en 1944, se calificó como “reunión clandestina” un incidente ocurrido en la venta denominada “La Paloma”, cuando algunos de sus clientes, al parecer, entonaron el himno de Riego o la Internacional y hablaron de “la llegada de los nuestros”, tal vez animados por la evolución de la guerra mundial; en 1945, en el marco de una represión que se produjo en toda la provincia contra el PCE, fueron procesados tres vecinos por pertenecer a Unión Nacional, y otro, Francisco Esteve Gimeno, fue condenado en Consejo de guerra, celebrado en Pamplona, por haber participado en la entrada de fuerzas de la citada Unión Nacional, impulsada por el PCE, en el valle de Arán.

Hubo también, en paralelo a esta represión carcelaria, otra mucho menos visible pero de incuestionable dureza, que se reflejó en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, sucedió en los procesos de depuración del funcionariado y del magisterio. Cinco maestros de escuela destinados en la pequeña ciudad, entre ellos el escritor alcoyano Jordi Valor i Serra, fueron separados de sus cargos; lo mismo sucedió con algunos empleados municipales, del secretario al cabo de la guardia municipal. Bastantes de quienes consiguieron la libertad condicional lo hicieron para afrontar un destierro en poblaciones más o menos alejadas. Para quienes sí pudieron regresar a Castalla, la vida no iba a ser nada fácil.