Joan Femenía Llompart
Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Marina Alta, que tenía 2.733 habitantes en 1930 y 2.778 en 1940. En los primeros años del siglo XX se creó el Sindicato Católico Agrícola "La Esperanza". Aunque en 1930 se había inaugurado un Círculo Republicano, el predominio del caciquismo local era absoluto, de manera que si las elecciones municipales de abril de 1931 fueron anuladas por anomalías, cuando se repitieron, en junio resultaron elegidos concejales, ahora como miembros de la DLR, quienes lo habían sido antes por los partidos monárquicos. Después se desarrolló la Derecha Regional Agraria, mientras que el PSOE, que había ingresado en 1934 en la Federación Provincial Socialista, tenía, entre 1936 y 1938, unas cifras de militantes que oscilaban entre los 10 y los 30. La UGT era el sindicato predominante durante la República, mientras que la CNT no se organizó hasta mediados de agosto de 1936. Ambos sindicatos se incautaron de las fábricas de juguetes, que pasaron a fabricar material de guerra. Sabemos de la existencia de un radio del PCE y de una sección de la Federación Provincial Campesina, que organizó una Cooperativa Agrícola, en competencia con la Colectividad Agrícola ya creada por la CNT.
Según la Causa General, diez vecinos de la localidad -aunque algunos residían en otras localidades, como Guadasuar o Xàtiva- fueron asesinados entre septiembre y octubre de 1936: tres de ellos eran sacerdotes, uno recaudador de contribuciones y el resto eran tres padres y tres hijos, afiliados a DRA en su mayoría: muchos vecinos de Ondara -además de milicianos de la Columna de Hierro y vecinos de El Verger- fueron implicados en este último "paseo", seis de los cuales habían huido a Francia. Da la impresión de que se trataba de implicar en esos hechos a todos los componentes del Comité Revolucionario. Además, en el verano de 1936 fueron saqueados el cuartel de la guardia civil -abandonado por la fuerza- y la sede de DRA, y destruidos altares, imágenes y objetos de culto de la Iglesia Parroquial, del Convento y de la Iglesia de Pamis. Algunos domicilios particulares fueron incautados y en uno de ellos se instaló el cuartel de las Milicias. Trece vecinos fueron considerados "desafectos" a la República.
Los represaliados por el franquismo eran, en su mayoría, trabajadores de la tierra o pequeños propietarios, pero encontramos también a otros que tenían diversas profesiones: chófer, maestro, carpintero, barbero, comerciante, panadero o dependiente. Se les acusó de los delitos citados en la Causa General y, sobre todo, de haber desempeñado cargos en partidos y sindicatos afines al Frente Popular y los diversos Comités -Fincas Incautadas, Enlace, Salud Pública- existentes; haber sido milicianos o haber marchado voluntariamente al frente, alcanzando alguna graduación; haber participado en la búsqueda de vecinos emboscados para no marchar al frente; haber intervenido en exigencias de dinero a personas de derechas; haber sido vigilantes de los presos, haber hecho mofa de la religión y haber escondido armas.
En cuanto a las penas impuestas por los Consejos de guerra, hemos de tener en cuenta que de cerca de cincuenta vecinos procesados no conocemos las sentencias. Quince fueron condenados a muerte y ejecutados, seis en Dénia y nueve en Alicante. Por adhesión a la rebelión fueron condenados siete vecinos, a penas que fueron entre los 30 años y los 20 años y 1 día de reclusión mayor; el resto lo fue por auxilio a la rebelión, a penas muy diversas: la mayoría a 20 años y a 12 años y 1 día de reclusión menor. Como consecuencia del informe de la Causa General, algunos vecinos que no habían sido detenidos, lo fueron y comparecieron ante la Justicia Militar en 1942.
Como sucedió en toda la comarca, casi todos pasaron por las cárceles de Dénia, Portaceli (València), Alcira y Gandía, antes de ser trasladados a Alcoi, Orihuela y el Reformatorio de Alicante, donde fueron juzgados la mayoría. Estuvieron presos preventivamente o cumpliendo condena en las citadas prisiones, Monóvar, Novelda, Valladolid, Toledo, San Miguel de los Reyes (València), Lleida o El Dueso. Finalmente, algunos fueron enviaos a trabajar en Batallones de Soldados Trabajadores o en Colonias Penitenciarias como las de Aranjuez y Talavera.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a 47 personas. Ocho mujeres fueron represaliadas: de ellas, dos eran maestras; la mayoría fue condenada a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Finalmente, por hechos posteriores a abril de 1939, fueron encarcelados y, al menos en dos casos, procesados más de quince vecinos de Ondara, en 1945, en el marco de la represión que se produjo en toda la provincia contra una presunta organización clandestina comunista.