Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 965 habitantes en 1930 y 1.046 en 1940. En los primeros años del siglo XX funcionó un Círculo Católico Obrero. Ya durante la República, existían una Sociedad Obrera de Resistencia Agrícola y una Agrupación Socialista que tenía 20 militantes a mediados de 1936, aunque posteriormente debió de atravesar dificultades, pues en 1938 no estaba dada de alta en la Federación Provincial Socialista. Por esas fechas se creó el Radio del PCE, que estaba integrado en la comarcal de Almoradí y creó una sección de la Federación Provincial Campesina, ya durante la guerra.
El informe enviado por el alcalde a la Causa General, en noviembre de 1940, citaba la muerte de un vecino, Joaquín Giménez Antolinos, que había sido alcalde de la localidad y miembro del Partido Radical. Se citaba como responsables de esa muerte a cinco vecinos, de los cuales cuatro habrían sido juzgados en Consejos de guerra, condenados a muerte y fusilados, y un quinto se encontraba en paradero desconocido. Sin embargo, dos de los citados como fusilados no aparecen luego entre las víctimas de la represión franquista: de ambos, José Bernabé Giménez y Joaquín Martí Martínez se dice en la propia Causa General que estaban también en paradero desconocido. Otros hechos delictivos referidos en la Causa General fueron la profanación y destrucción de imágenes y objetos de culto de las dos iglesias de la localidad, el asalto y saqueo al palacio del Marques de Cubas, y las amenazas y golpes a un vecino que ya había fallecido. Tres personas fueron consideradas desafectas.
Los represaliados por el franquismo, agricultores en su mayoría, fueron acusados de haber intervenido en los hechos recogidos en la Causa General, haber sido milicianos o voluntarios en el ejército republicano, haber exaltado la causa roja, haber desempeñado cargos en la administración local y en la Cooperativa Agrícola, haber intervenido en requisas o participado en sucesos ocurridos en abril de 1936. Fueron condenados a la pena de muerte y fusilados cuatro vecinos: José Gálvez y Antonio Jumilla, acusados de la muerte de Giménez Antolinos, juzgados y ejecutados en Orihuela; Joaquín Tarancón, que estuvo preso entre 1939 y 1941, fue puesto en libertad, encarcelado de nuevo a las pocas semanas, acusado de haber intervenido en dos asesinatos, juzgado y ejecutado en 1944; y el alcalde Carmelo Pérez Pomares, fusilado en Alicante en 1940. El resto de las condenas osciló entre los 30 años y 1 día de reclusión mayor por adhesión a la rebelión y los 6 años y 1 día de prisión por auxilio a la rebelión. Estuvieron encarcelados en Orihuela, Eche, el Reformatorio de Alicante, Portaceli (Valencia), Santa Rita (Carabanchel), el penal de Formentera, Pamplona y otras ciudades.
Se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas a 15 vecinos. Una mujer, Teresa Gálvez, fue procesada por "denegación de auxilio a la Justicia Militar"", y otra, Iluminada Gálvez, fue autorizada a regresar desde el exilio en 1957. En 1943 seis vecinos fueron detenidos y estuvieron encarcelados unas semanas por considerar la guardia civil que, aunque “aparentemente se hallan al margen de toda cuestión social”, eran “los principales cabecillas que predominaron durante el dominio rojo y que en la actualidad, aunque no se haya podido comprobar, han de ser los llamados a dictar órdenes entre sus correligionarios y disponer lo conveniente para el triunfo de sus ideales”, cuando llegase el momento oportuno. Uno de ellos volvió a ser detenido, con otras nueve personas, en 1945, en el marco del supuesto complot comunista descubierto por la policía: la mayoría fue pronto puesta en libertad, pero Victorio Ferrándiz Antolino, Esteban Gumbau Rodríguez y Vicente Pérez Granero fueron procesados por organización y propaganda subversiva, y acabaron acusados de delito contra la forma de gobierno y tenencia ilícita de armas.
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