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Francisco Moreno Sáez

Pedro Payá López

Localidad perteneciente a la comarca del Vinalopó Mitjá, que tenía 13.445 habitantes en 1930 y 20.050 en 1940. En Elda, ciudad con una gran tradición republicana, organizada sucesivamente en el Partido Radical, el Partido Reformista, Unión Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista e Izquierda Republicana, en las elecciones de abril de 1931 la Conjunción Republicano Socialista obtuvo 15 de los 18 concejales y fueron elegidos alcaldes varios republicanos hasta la llegada de los sindicatos al poder, ya en plena guerra. La Agrupación Socialista surgió hacia 1910 y la Juventud Socialista en 1914. El número de afiliados a la Agrupación Socialista local osciló entre los 30 en 1918 y los 60 durante la República en paz; durante la guerra, llegaron a ser 145 en 1937 y 165 en 1938. Compartían -no siempre en armonía- la militancia en la JSU con los comunistas. Publicaban un semanario, Rebelión, e impulsaban el desarrollo de secciones sindicales de la UGT, no muy numerosas y con escasos afiliados, al menos hasta la República.

El predominio sindical y político lo tenía la CNT. Ya en la segunda década del siglo surgieron diversos grupos de anarquistas -”Los Invencibles”, “Un tren en marcha”- que influyeron en la orientación libertaria de la Sociedad de Zapateros “La Racional”, que extendía su influencia en varios pueblos de la comarca. En el Congreso de la Comedia, estuvieron representados 3.000 afiliados al Sindicato Único del Ramo de la Piel y 350 del Sindicato de Oficios y Profesiones Varias. Aunque durante la dictadura vio muy dificultadas sus actividades, durante la República recuperó su hegemonía entre la clase trabajadora eldense, con una gran capacidad movilizadora que iba más allá de los mil afiliados con los que contaba en 1931. El sindicato no solo se mostró muy activo en el plano de las relaciones laborales, promoviendo diversas huelgas y manteniendo duros enfrentamientos con los socialistas y republicanos. Destaca sobremanera su acción revolucionaria, concretada en los movimientos de mayo de 1932, mayo y diciembre de 1933 e incluso en octubre de 1934, en el que algunos anarquistas se sumaron a los militantes de la UGT y las Juventudes Socialistas de Petrer. Además de las detenciones y condenas en Consejo de Guerra de varios participantes en todas las fechas señaladas, los enfrentamientos de diciembre de 1933 se saldaron con la muerte de un anarquista de veinte años y un vecino alcanzado por una bala perdida de la guardia civil. Por su parte, varios guardias civiles habían resultado asimismo heridos de bala, siendo también atacados con bombas de mano.

Precisamente cuando estalló el alzamiento militar, Elda se encontraba paralizada por una huelga del calzado que duraba ya varias semanas. Durante la guerra, la CNT continuó siendo el sindicato mayoritario, publicó el semanario Proa y accedió al gobierno municipal, pues junto a la UGT tenían el doble de representación que los partidos afectos al Frente Popular en el Consejo Municipal que se constituyó en agosto de 1936. Los últimos alcaldes de Elda antes de la llegada de las tropas franquistas eran trabajadores del calzado, afectos a la CNT. Anarquistas y socialistas procedieron a la colectivización de las empresas y fincas rústicas de la ciudad: muy destacada fue la labor del Sindicato de la Industria del Calzado de Elda y Petrer (SICEP), y la Cooperativa Obrera de la Industria del Calzado y Similares (COICS)¹. El Partido Sindicalista tenía una cierta presencia en la localidad.

En cuanto al PCE, su desarrollo se produjo durante la guerra. Su radio perteneció primero a la comarcal de Monóvar y desde 1938 fue cabecera de la organización comarcal. En 1938 había en Elda 232 militantes del PCE, de los cuales 96 estaban en el frente; abrumadoramente, pertenecían al sector industrial –apenas había cinco campesinos- y 40 de ellos eran mujeres. Había cuatro células de barriada, otras tantas de empresa y algunas en los Hospitales. Publicaban el periódico El Bolchevique, habían intentado organizar políticamente a las mujeres -a pesar de la oposición de los sindicatos-, tenían gran influencia en el SRI y crearon una sección de la Federación Provincial Campesina².

En torno a cuarenta fueron los vecinos de Elda víctimas mortales de la violencia republicana, que se desarrolló, básicamente, en los primeros meses de la guerra. Eran, sobre todo, sacerdotes, miembros de Falange o partidos de derechas, industriales, además de seis guardias civiles. Sucumbieron en diversas “sacas” y “paseos”, en carreteras cercanas a Elda, o en el frente. Además, catorce vecinos fueron condenados por el Tribunal Popular de Alicante a penas de entre uno y cuatro años, de los que tres murieron en prisión mientras cumplían la condena. Otro tipo de privación de libertad fue la derivada de los arrestos gubernativos, con noventa y un casos entre un mes y un año. La Causa General atribuía, por cierto, la muerte de los guardias civiles a la masonería, aunque “indirectamente”. La mayoría de las muertes que se produjeron en Elda fueron obra de unos pocos milicianos miembros del denominado Comité de Salud Pública que, además, colaboraron en el asesinato de personas de otras localidades. Aunque varios de sus miembros más significativos huyeron al extranjero, las autoridades locales y una serie de delatores e informantes presentes en los sumarios de los Consejos de guerra que abordaron después esos crímenes consiguieron implicar en ellos a otras muchas personas, entre enormes contradicciones y sin más pruebas que los testimonios acusatorios. Un estudio de los sumarios que se les siguieron demuestra que en la mayoría de los casos estos crímenes fueron utilizados para acabar con la vida de quienes, sin haber tenido nada que ver con ellos, habían destacado por su actividad política y sindical durante la República³.

Además de las citadas incautaciones de fincas agrícolas y de la colectivización de muchas empresas, en julio de 1936 se produjeron el incendio y saqueo de la Iglesia Parroquial –que luego fue demolida por acuerdo del Consejo Municipal-, así como desmanes similares en la sede del Partido Republicano Independiente de Chapaprieta, el Círculo la Peña y varios domicilios particulares.

Dadas las características de la economía local, la gran mayoría de los represaliados por el franquismo trabajaban en la industria del calzado -zapateros, aparadoras, viajantes, contables, oficinistas-, otros se ganaban la vida en oficios muy diversos del sector industrial o terciario, unos pocos eran trabajadores agrícolas y es de destacar la presencia -en contraste con otras localidades y sin duda, debido a su pertenencia a la masonería- de algunos miembros de la clase media alta. Fueron acusados de los ya citados crímenes; de haber ocupado cargos en el Consejo Municipal o el Comité de Salud Pública, en los diversos partidos y sindicatos que apoyaban al Frente Popular, en el control y gestión de las fábricas y fincas colectivizadas; de haber sido milicianos o haber marchado voluntariamente al frente -sobre todo, si habían sido comisarios o habían alcanzado alguna graduación-; de haber participado en “manifestaciones y algaradas”, en huelgas, incautaciones, registros y detenciones; de haber hecho propaganda de “la causa roja” en la prensa o en mítines y haber difamado a “la Causa Nacional”, etc.

Cerca de 60 vecinos fueron condenados a la pena de muerte por adhesión a la rebelión, aunque a 18 de ellos se les conmutó por la de 30 años de reclusión mayor. Además, el eldense Ángel Vera Coronel fue asesinado por los golpistas tras hacerlo prisionero como gobernador civil de Zaragoza. La mayoría de ejecutados tras consejo de guerra lo fueron en la provincia de Alicante (Elda, Monóvar y Alicante), pero otros lo fueron en Paterna y Albacete. Todos eran obreros, salvo el abogado Francisco Maestre Payá. Otros casi 50 fueron condenados también por adhesión a la rebelión, a 30 o 20 años y 1 día de reclusión mayor. La mayoría, sin embargo, fue condenada por auxilio a la rebelión: más de 40 a veinte años, cerca de 100 a 12 años y 1 día de reclusión menor, cerca de 60 a 6 años y 1 día, y otros muchos a diversas penas, algunas de ellas por excitación a la rebelión. En total, y de acuerdo con los datos de que ahora disponemos, cerca de 500 personas.

Recorrieron casi toda la abundante geografía carcelaria española, bien porque estuvieran presos en campos de concentración o cárceles antes de ser juzgados, bien para cumplir las penas impuestas: el Reformatorio de Adultos y el castillo de Santa Bárbara en Alicante y las cárceles de Novelda, Monóvar, Alcoi, Orihuela y Elche, en la provincia; las prisiones de Barcelona, Madrid –Porlier, Yeserías, Carabanchel, Comendadoras-, Lérida, Murcia, Málaga, Valencia -Santa Clara y San Miguel de los Reyes-, Guadalajara o Valladolid; los penales de El Dueso, Burgos, Formentera y Ocaña, etc. Fueron asimismo muy numerosos los vecinos de Elda que fueron enviados a trabajar en Colonias Penitenciarias, Batallones de Soldados Trabajadores y Batallones de Soldados Trabajadores Penados en La Bañeza, Canfranc, Belchite, Brunete, Vera de Bidasoa, Valencia, Las Arenas, Lasaca, Algeciras, Alcalá de Henares, Tetuán o Dos Hermanas, entre otros muchos.

A diferencia de otras ciudades -incluso algunas industrializadas como Alcoi- llama la atención la cantidad de mujeres, más de 50, represaliadas por el franquismo, que castigó así su incorporación a la condición de ciudadanas y a la actividad política y social. La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a unas 230 personas, de las cuales, por insuficiencia económica, la inmensa mayoría fue condenada a penas de inhabilitación por dos o cinco años; además, algunas de las multas que se impusieron tampoco fueron pagadas, por el mismo motivo, y acabaron siendo condonadas. Cuatro vecinos de Elda fallecieron durante su estancia en prisión, por enfermedad, y otro, al parecer, se suicidó cuando estaba detenido.

Después de Alicante, Elda fue la localidad en que mayor persecución se produjo contra los masones: al menos 40 miembros de la Logia “Amor” fueron investigados por ello. Muchos de ellos fueron detenidos en el verano de 1936 y juzgados en Consejo de guerra, cuyo tribunal les absolvió o los condenó a penas mínimas por actuaciones distintas a su pertenencia a la masonería, delito que consideraba que no le competía juzgar. Por ello, el Tribunal de Represión de la Masonería y Comunismo les juzgó luego, condenando a la mayoría a 12 años y 1 día de reclusión menor, pena que, sin embargo, les fue en muchos casos conmutada por la de confinamiento. Ocho vecinos -aunque solo siete aparecen en el Memorial de Deportados- fueron llevados a los campos de concentración nazis: al menos tres sobrevivieron y uno de ellos, Diego González Cuenca, estuvo luego exiliado en Argel, aunque regresó temporalmente a Elda en 1957. La mayoría del resto de los que marcharon al exilio estuvieron en el norte de África y en Francia, y a algunos se les autorizó el regreso por un mes, ya en los años cincuenta. El socialista Antonio Escribano se exilió a Colombia, donde desarrolló una importante labor cultural.

La persistencia de la represión fue una de las características fundamentales del régimen franquista. Por ello, fueron muchos los vecinos de Elda detenidos, procesados, encarcelados y/o condenados por “delitos” posteriores a abril de 1939, es decir, por haber tratado de ejercer determinadas libertades. Los informes de la policía al Gobierno Civil insisten en la llegada de prensa comunista y material subversivo a diferentes domicilios, la frecuente escucha de las emisoras de radio extranjeras críticas con la dictadura franquista, la aparición de letreros subversivos o de propaganda clandestina en fechas señaladas como el 14 de abril o el 1º de mayo, etc⁴.

Tenemos noticia de la detención en el verano de 1940 de veintiún vecinos por ser “izquierdistas destacados”, que fueron internados en la cárcel de Monóvar; la detención en 1943 de al menos cinco personas por el reparto de una nota emitida por el gobierno de la República en Londres, por lo que fueron acusados de un delito contra la seguridad del Estado; la detención en 1945 de al menos ocho vecinos a los que se suponía implicados en el que la policía llamaba “complot comunista” de ese año; la detención en 1947 de dos vecinos acusados de intentar, con otros compañeros de la provincia, reorganizar la CNT-FAI, y sobre todo, la detención y encarcelamiento en 1952 de catorce personas, algunas de las cuales fueron procesadas y condenadas a distintas penas, en Consejo de guerra, por constituir un grupo clandestino del PCE, que habría lanzado propaganda subversiva y que se habría entrevistado con “bandoleros” -es decir, con los guerrilleros de la Agrupación de Levante-. Además, hubo otros muchos vecinos detenidos, arrestados o multados por proferir críticas o insultos al Régimen o haber intentado llevar a cabo alguna reivindicación laboral en sus centros de trabajo.

(1) Sobre la República y la guerra civil en Elda, véase SANTACREU SOLER, José Miguel, “De la Elda alfonsina a la guerra civil”, en AA.VV., Historia de Elda. Tomo II. Ayuntamiento de Elda – Caja de Ahorros del Mediterráneo, Elda, 2006, págs. 109-125.

(2). Sobre el desarrollo del PCE, véase MORENO SÁEZ, Francisco, El Partido Comunista en la provincia de Alicante. Librería Compas. Alicante, 2011.

(3) Un detenido análisis de todos estos sumarios, en PAYÁ LÓPEZ, Pedro, Violencia y responsabilidad. La represión judicial franquista en el ámbito local. Universitat de València, València, 2017.