Francisco Moreno Sáez

Localidad perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 9.342 habitantes en 1930 y 10.598 en 1940. Localidad agrícola, aunque se había instalado a primeros del siglo XX una industria de fabricación de alpargatas; ya en la segunda década del siglo, la industria local del cáñamo conoció un gran desarrollo y empleó ya a una numerosa mano de obra. Pese a ello, era muy frecuente la emigración, temporal en muchas ocasiones, a Francia.

En los primeros años del siglo XX funcionaba en la localidad un Círculo Obrero Católico, impulsado desde Orihuela y la jerarquía eclesiástica. Entre 1916 y 1918 se crearon varias sociedades obreras: Rastrilladores, Espadadores y Constructores de Suelas, Albañiles, Sogueras, Carreteros e Hiladores, cercanas o afectas a la UGT; más adelante se organizaron también los trabajadores agrícolas y los conductores de automóvil¹. En 1920 se inauguró la casa del Pueblo y en 1924 se fundó la Agrupación Socialista. Hacia 1928 se creó la Juventud Socialista, que contaba con unos doscientos afiliados. En la Casa del Pueblo existía una escuela y una biblioteca, y pronto apareció un periódico socialista, El Apóstol, “defensor de la clase trabajadora y causas justas”. Durante la dictadura de Primo de Rivera tuvieron lugar algunas huelgas por motivos salariales, siendo la más importante la que llevaron a cabo, en 1928, Rastrilladores y Espadadores, que duró 34 días y movilizó a dos mil trabajadores y que en algún momento fue una huelga general, llegando a irrumpir la Guardia Civil en la Casa del Pueblo.

En las elecciones de abril de 1931 los manejos caciquiles dieron la victoria a los monárquicos, que redujeron a unos doscientos los votos obtenidos por la candidatura republicano-socialista que, cuando se repitieron las elecciones poco después, obtuvo un éxito total, con nueve concejales socialistas y ocho republicanos. Hubo algunas huelgas por motivos salariales e incumplimiento de las bases de trabajo, una huelga general agraria en 1934 y un cierre patronal en 1933. En ese año, las sociedades obreras afectas a la UGT tenían más de setecientos cincuenta afiliados y la Agrupación Socialista más de cien, siendo la tercera en importancia de la provincia. En vísperas de la guerra civil los afiliados al PSOE habían llegado a los cuatrocientos, perteneciendo sesenta y siete al Grupo Femenino. Por otro lado, el PCE comenzó a tener una importante presencia en la localidad, en la que también se encontraba el núcleo más numeroso de Falange Española, fundado tras un mitin que dio allí José Antonio y que dirigían los hermanos Maciá Rives. Las tensiones sociales fueron en aumento y en abril de 1936 se produjeron graves incidentes en la localidad y fueron asaltados varios centros de partidos y organizaciones de derechas.

Durante la guerra civil, continuó el predominio socialista y la UGT tenía en 1938 setecientos hombres y cien mujeres afiliados, en una sección de la Federación de Trabajadores de la Tierra y en un Sindicato del Arte Textil, Fabril y Anexos. La presencia libertaria era muy escasa, aunque el movimiento anarcosindicalista de Callosa logró sacar, en enero de 1939, un periódico quincenal titulado Síntesis libertaria. El Radio del PCE se convirtió en 1938 en el más importante de la Vega Baja y allí pasó a residir el comité comarcal. Crearon una sección de la Federación Provincial Campesina, que organizó una Colectividad Agrícola, como también había hecho la UGT. Había algunos afiliados a partidos republicanos y la Alianza Juvenil Antifascista consiguió editar, en octubre de 1938, un quincenal titulado Unidad Juvenil.

Según la Causa General, la violencia republicana causó 65 víctimas en la población, la cifra más alta de la provincia después de las de Alicante y Elche. De ellas, 22 falangistas fueron condenados a muerte por un Tribunal Popular y fusilados en septiembre de 1936 por “haberse levantado en armas para liberar a José Antonio”. El resto fue asesinado de manera extralegal en distintos “paseos” por las carreteras de la provincia, en la “saca” de presos que tuvo lugar en el Reformatorio de Alicante en noviembre de 1936, en Valencia y Alcalá, o en sus propios domicilios. Pertenecían a Falange o a partidos de derechas, incluidos los dos sacerdotes asesinados en la carretera de Crevillent.

Además, y según la Causa General, se produjo, a finales de julio de 1936, el saqueo, incendio de imágenes y asalto de la Iglesia Parroquial, las ermita de San Roque, Nª Sª del Rosario y Nª Sª de los Dolores, y la Iglesia del Convento de las Hermanas Carmelitas. Además, entre julio y noviembre de 1936 los partidos y sindicatos de izquierdas se incautaron de numerosos domicilios particulares, del Casino, instalando en ellos distintas dependencias desde un hospital de sangre hasta la sede de alguno de esos partidos o sindicatos. Ya con anterioridad, en abril de 1936, fueron asaltados y saqueados algunas sedes de partidos de derechas, como El Progreso, El Fomento o el Círculo Tradicionalista.

Los represaliados por el franquismo en Callosa eran, sobre todo, trabajadores agrícolas, de la industria del cáñamo y alpargateros. Las mujeres eran casi en su totalidad sogueras, que trabajaban a destajo en sus propios domicilios. Fueron acusados de los delitos relatados en la Causa General, así como de haber sido milicianos, haber marchado voluntariamente al frente y haber alcanzado alguna graduación militar o haber sido comisarios; haber intervenido en incautaciones, denuncias, detenciones; haber sido dirigentes de los diversos partidos y sindicatos, del Frente Popular, del Comité de Fincas Incautadas o los comités de control de algunas fábricas, de la Colectividad Agrícola, etc; haber elaborado informes perjudiciales para personas de derechas, haberlas amenazado o perseguido; haber exaltado y hecho propaganda de “la causa roja” y haber participado en los sucesos de abril de 1936.

Cincuenta y cinco vecinos de Callosa fueron condenados a la pena de muerte, aunque a diecisiete de ellos se les conmutó esa condena por la de treinta años de reclusión mayor. Uno de los fusilados fue acusado en la prensa de haber sido el "autor de más de ochenta asesinatos en Callosa de Segura"", es decir, más de los que allí ocurrieron. Otros acusados en la Causa General de estar implicados en los asesinatos fueron sin embargo condenados a penas de cárcel o pudieron escapar marchando al exilio; de otros, se dice que se encontraban “en paradero desconocido”. Otras penas muy frecuentes fueron las de treinta, veinte y doce años de reclusión, más de un centenar. En algunos casos, miembros de una misma familia fueron represaliados: así, los tres hermanos Medina Sala fueron fusilados en mayo de 1941. Fueron muy numerosas las cárceles en que estuvieron presos: la preventiva y San Miguel de Orihuela, el Reformatorio y el castillo de Santa Bárbara de Alicante, las prisiones de Elche, Monóvar, Novelda, Cartagena, Carabanchel y Porlier en Madrid, Saturrarán, Santa Clara y San Miguel de los Reyes en Valencia, los penales de Burgos, El Dueso y Formentera, etc. Otros fueron enviados a trabajar a Belchite, Las Arenas, Talavera, Ceuta y Dos Hermanas.

La represión de las mujeres fue muy intensa en Callosa: hemos contabilizado en torno a sesenta casos, con acusaciones muy diversas, como haber agredido a otra vecina, haber sido milicianas o enfermeras, haber acudido a manifestaciones, etc. La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a más de ciento treinta personas, que fueron en general condenadas a inhabilitación por su insuficiencia económica. Tres callosinos fueron internados en los campos de exterminio nazis, donde murió uno de ellos, mientras que los otros dos fueron liberados en mayo de 1945. Dos vecinos de Callosa murieron por disparos de un centinela en la cárcel de San Miguel, en Orihuela, donde otro falleció por tuberculosis. Un caso extraño es el de la muerte “por asfixia”, en mayo de 1939, de otro vecino, en la localidad.

El número de callosinos exiliados fue muy numeroso. En su mayoría marcharon al Norte de África y desde allí pasaron luego a Francia. Dos estuvieron en la URSS y otros fueron regresando paulatinamente a España. Por hechos posteriores a abril de 193 fueron detenidos, juzgados y condenados en alguna ocasión muchos vecinos: en 1945, en el marco del supuesto “complot comunista” de ese año, fueron detenidos y encarcelados en el Reformatorio de Alicante más de cincuenta personas, de las que seis al menos fueron procesadas luego. En 1947 otras dos fueron detenidas por intentar reorganizar la CNT-FAI, en los años cincuenta alguno fue acusado de reunión clandestina y a finales de los sesenta varios comunistas fueron detenidos, maltratados en comisaría y juzgados por el Tribunal de Orden Público.

El triunfo del franquismo supuso la vuelta del poder absoluto de patronos y caciques locales. En 1940, cargos de Falange y de la Central Nacional Sindicalista denunciaron ante el Gobernador Civil la actitud de los empresarios locales -falangistas muchos de ellos-, su trato despótico con los obreros, su connivencia con autoridades locales y guardia civil, sus enormes beneficios, sus ocultaciones a Hacienda, los despidos “a su antojo”, las fortunas amasadas de manera irregular aprovechando incautaciones de bienes de “los rojos”, su indiferencia en definitiva ante la situación de extrema penuria de los trabajadores y de sus familias, azotados por el hambre, ""viéndose deambular por las calles verdaderos rostros cadavéricos y haciendo de los niños que han de ser los hombres del mañana, candidatos a la tuberculosis y la muerte"". No tenemos noticia de que se tomase ninguna media al respecto para paliar esa situación, pese a que ""el hambre se ha hecho dueña y señora de todos los humildes hogares, habiéndose registrado varios casos de desvanecimientos en la vía pública de varios de estos desgraciados por falta de alimentación"" durante varios días².

(1) Para el desarrollo del movimiento obrero en Callosa de Segura antes de la guerra civil, véase el libro de Jesús Miguel Cayuelas Pina, Actividad económica y movimiento obrero en Callosa de Segura (Alicante) en el período 1914-1936. Callosa de Segura. Ayuntamiento de Callosa de Segura -Instituto Juan Gil-Albert. 1990.

(2) AHPA. Sección Gobierno Civil, Legajos 916 y 1070.