Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Marina Baixa que tenía 5.580 habitantes en 1930 y 5.829 en 1940. El cultivo de la tierra y la pesca eran las principales fuentes de riqueza. Aunque en Altea había afiliados a IR, PSOE -cuya Agrupación se constituyó en julio de 1936, con una docena de afiliados-, UGT y PCE -cuyo Radio estuvo enmarcado en las comarcales de La Vila Joiosa y Callosa d’en Sarrià y que creó una sección de la Federación Provincial Campesina y una Cooperativa Agrícola, la hegemonía sindical y política la tenía la CNT, de modo que -al parecer- en 1938 ni siquiera se había llegado a constituir el Frente Popular ni el Comité de Enlace entre PSOE y PCE. La sociedad “La Fraternidad”, que decía contar con 500 afiliados, participó en el Congreso Regional de la CNT de Levante en 1936. Los anarquistas llegaron incluso a publicar, en 1938, un periódico, el “semanario de lucha” Mar y Tierra, que era portavoz de la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Tenían también una escuela racionalista. Procedieron a la constitución de una colectividad compuesta por las Fincas Incautadas y colectivizaron la Industria Pesquera. Controlaban la vida política a través del Comité Revolucionario de Defensa y el Comité de Salud Pública. Los comunistas acusaban a la CNT de que, controlando la industria de la pesca, intercambiaban el pescado con otros productos, que derivaban sobre todo a sus afiliados. Un militar afiliado a la CNT, Giménez García, que era comandante militar de la localidad al final de la guerra se enfrentó, con la ayuda de carabineros y personas de derechas, a los comunistas que pretendía escapar por el puerto de Alicante.
Durante la guerra se produjo una víctima mortal de la represión. Juan Beneyto Rastoll, marqués de Campofértil, diplomático de 56 años cuyo cuerpo fue encontrado en la Nucía en septiembre de 1936. Además, se produjeron otros hechos delictivos: la destrucción de las dos iglesias de la localidad, con la quema de imágenes sagradas y objetos de culto, y la incautación de fincas rústicas y urbanas. Según Miguel Ors, ningún vecino de Altea fue juzgado por Tribunal Popular. El Tribunal de Urgencia juzgó y multó con 3.000 pesetas a un guardia civil. Muchos desafectos de derechas fueron obligados a trabajos manuales -incluso, al parecer, excavando zanjas en la playa de El Albir, en previsión de un desembarco de tropas rebeldes-.
Los afectados por la represión franquista fueron, principalmente, jornaleros y marineros, algunos canteros -industria que también fue colectivizada- artesanos y oficinistas. Estaban acusados de haber sido alcalde o concejales y, por tanto, considerados responsables de todo lo ocurrido en la localidad, haber participado en detenciones, requisas e incautaciones, haber exigido dinero a personas de derechas, haber sido milicianos o haber intervenido en la destrucción de imágenes sagradas y objetos de culto; alguno fue también acusado de haber alcanzado alguna graduación en el ejército republicano. Fueron condenados, en su mayoría a penas de 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión o a 6 años y 1 día de prisión por el mismo concepto. Cinco fueron condenados a la pena de muerte y fusilados en Alicante, dos de ellos acusados de haber participado en el asesinato de Beneyto Rastoll. Muchos vecinos de Altea fueron encarcelados en un primer momento en el campo de concentración “España” o en las cárceles de Dénia o Alcoi, pero acabaron cumpliendo su condena, casi todos, en el Reformatorio de Alicante. Algunos que habían servido en Marina fueron enviados a penales en Cartagena y Cádiz, y otro, condenado a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión, al penal de El Dueso, en Santoña.
La única mujer represaliada fue Patrocinio Quiles, condenada por auxilio a la rebelión, acusada de haber pertenecido a la CNT, haber propagado la causa marxista y haber insultado al ejército nacional y, sobre todo, haber denunciado a algunas personas de derechas, a una de las cuales le fue retirada la cartilla de racionamiento. Además, Remedios Calvo, que había marchado al exilio, regresó a España en 1943; según la guardia civil, su llegada causó indignación en el pueblo pues estaba acusada de haberse significado durante la guerra por su propaganda izquierdista y de haberse apoderado violentamente de la Central Telefónica de Altea. Sin embargo, fue absuelta en Consejo de guerra. Otra mujer, Ventura Martí, estuvo algún tiempo en el exilio.
Se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas a veintiún vecinos. Tres maestros fueron separados definitivamente del Cuerpo de Magisterio y otros dos sancionados con traslado forzoso sin poder solicitar nuevo destino durante cinco años. Hubo bastantes exiliados, algunos de los cuales fueron autorizados a regresar temporalmente ya en los años cincuenta. Tres vecinos fueron internados en los campos de concentración nazis: uno de ellos murió, pero los otros dos consiguieron sobrevivir.