Francisco Moreno Sáez.

Localidad perteneciente a la comarca del Baix Vinalopó, que tenía en 1930 4.200 habitantes y en 1940 5.325. Sus habitantes se dedicaban preferentemente a la pesca y a las salinas. Ambas actividades fueron socializadas durante la guerra civil, mediante la creación de Industrias Pesqueras Socializadas y el Control Obrero de las Salinas de Bras del Port. En 1920 existía un Sindicato Católico de Marinos y la CNT contaba con cierta organización a partir de los primeros años veinte. Durante la República y la guerra civil, la CNT-FAI siguió siendo el sindicato mayoritario, pues en 1931 tenía nada menos que 300 afiliados; el PSOE apenas tenía 25 militantes en 1936, y había asimismo afiliados a UGT -que tenía, al menos, un Sindicato de Pesca y otro de Oficios Varios-, IR y PCE -unos 25 militantes, de los cuales tres estaban en el frente, en 1937- en un Radio dependiente de la comarcal de Elche.

Durante la guerra un vecino de Santa Pola fue asesinado y abandonado su cuerpo en El Campello y, ya en marzo de 1937, una maestra y una maestra fueron “paseados” y sus cuerpos aparecieron en la Sierra del Molar, en la Marina. Finalmente, un marinero murió en Guadix, en circunstancias desconocidas. Los autores de estos hechos no fueron conocidos y ningún vecino de la localidad fue acusado de ellos. Además, y según la Causa General, milicianos llegados a la localidad en un coche sacaron de la Iglesia las imágenes sagradas y los objetos de culto y las quemaron frente al Matadero Municipal: sin embargo, algunos vecinos fueron acusados de haber intervenido en esos hechos, e incluso a uno se le acuso de haber participado también en el incendio de la iglesia de Tabarca. No hubo vecinos “desafectos”.

Terminada la guerra, un vecino de Santa Pola fue condenado a muerte y ejecutado, mientras que a otro se le conmutó la última pena por la de 30 años de reclusión mayor, que también se aplicó a un tercer vecino, aunque a éste se le redujo pronto a 20 años y 1 día. El resto de las penas fueron menores, aunque hubo un condenado a 20 años y tres condenados a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Las acusaciones fueron las habituales: haber sido miliciano, haber participado en registros e incautaciones, haber marchado voluntariamente al ejército republicano y haber alcanzado en él alguna graduación, haber sido cargos municipales o del Comité Revolucionario de Defensa. Muchos de los represaliados pertenecían al Cuerpo de Carabineros del cual algunos fueron separados.

Cuatro vecinos fueron investigados por su posible relación con la fuga -desde el puerto de Alicante- de García Atadell, responsable de muchos registros, detenciones y ejecuciones en los primeros meses de la guerra civil, en Madrid.

Dado el predominio de la pesca en la localidad, la mayoría de los encarcelados, procesados y condenados eran marineros y constantemente la Comandancia Militar de Marina solicitaba informes suyos al Ayuntamiento de la localidad, siendo enviados a cumplir condena en los establecimientos penales navales de Cartagena y San Fernando (Cádiz). Hay que tener en cuenta que las autoridades franquistas trataban de controlar de modo especial a quienes se embarcaban con destino a las aguas del Norte de África, por si trataban de ponerse en contacto con los exiliados. Del resto, la mayoría estuvo encarcelado en la cárcel Fábrica n.º 2 de Elche, en el Reformatorio de Alicante y en la prisión de Novelda; algunos fueron destinados a Batallones de Trabajadores en Belchite o Astorga.

Del puerto de Santa Pola partieron, en los últimos días de marzo de 1939, dos barcas hacia el exilio. Una de ellas, “Virgen de Belén”, conocida como “El Gallo”, salió el día 28 para recoger a un grupo de militares de alta graduación en Torrevieja. De allí se dirigió al norte de África, pero fue interceptado por el Canarias, que patrullaba las costas, que lo hundió y trasladó a sus ocupantes a un penal de Mallorca. Más éxito tuvo “La Guapa”, que -incautado por la UGT- salió el día 29 con unas cien personalidades civiles de la República, militares del Grupo de Artillería de Bétera y el último alcalde republicano, Juan Buyolo, con varios paisanos más, rumbo a Orán, donde permaneció algún tiempo, hasta que sus dueños lo recuperaron. Uno de sus tripulantes, el motorista Verdú Rodríguez, fue represaliado al regresar a España algo después. Otros exiliados -como los tres hermanos Valero Galiana- fueron autorizados a regresar, temporalmente, a finales de los años cuarenta.

Se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas a once vecinos. Al parecer, ningún funcionario funcionario municipal fue depuesto, tras ser depurados todos ellos y tener que afiliarse obligatoriamente a Falange Española.

Las autoridades locales mantuvieron un a constante vigilancia sobre los vencidos: en varios casos, el alcalde se opuso a que les permitiese volver a a localidad, cuando quedaban en libertad condicional; en enero de 1940 ofició el alcalde al Presidente del Pósito de Pescadores para que que tomase medidas para impedir que "por personal perteneciente a ese Pósito se recauden cantidades con destino socorro rojo"", amenazándoles con todo el peso de la ley si persistían en ello; en febrero de ese mismo año un falangista denunció a las vecinas Clara Valero Bonmatí y Antonia Martínez Valero, su hija, por haberle oído a la primera cantar el himno de Riego y pronunciar ambas palabras malsonantes contra el Movimiento; en abril de 1944 fueron detenidos -también por una denuncia- varios vecinos de izquierdas, junto a otros de Valverde Bajo, acusados de que tenían reuniones clandestinas en casa de Obdulia Rodríguez, siendo acusados de un delito contra la seguridad del Estado; en ese mismo año fueron denunciados otros vecinos como componentes de un supuesto “grupo marxista” amparado en la sociedad Puertos y Pantanos, y otros muchos fueron encausados y procesados por propaganda ilegal por haber recibido y propagado una hoja con un discurso de Indalecio Prieto; en 1945 hubo algún detenido en la redada que se produjo contra el PCE como consecuencia del asesinato en una partida de Elche del inspector de policía Maján; y en 1947 un vecino fue implicado en un intento de reorganizar la CNT.

Pero sin duda el mejor ejemplo de esa actitud vigilante y recelosa lo tenemos en lo ocurrido en agosto de 1944, cuando fueron arrancados tres pinos de escasa altura en la Glorieta y colocados en las puertas de los los domicilios del primer teniente de alcalde, del cura y de las Carmelitas. El gobernador civil aseguraba entonces que en Santa Pola había ""un foco de unos cuarenta o cincuenta individuos de procedencia marcadamente marxista"", muchos de ellos en libertad condicional -y obligados por el alcalde a estar a las diez de la noche en su casa- y trabajando en la sociedad ""Puertos y Pantanos"", que dirigía un antiguo miembro de IR y en la que se tenía la impresión de que ""se labora acentuadamente contra el Régimen"". Sin embargo, la guardia civil no descartaba que se tratase solo de una simple broma de ""jovenzuelos desvergonzados"". Sin embargo, cuatro vecinos de antecedentes izquierdistas fueron acusados por ello.