Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 3.584 habitantes en 1930 y 3.895 en 1940. En Rojales, como en otros pueblos de la comarca, se creó a primeros del siglo XX un Círculo Obrero Católico y en la segunda década había una sección de la Federación Agraria Alicantina, impulsada por la jerarquía eclesiástica de Orihuela. Hacia 1920 trabajaban en el campo, según datos oficiales, 250 hombres y 150 mujeres. Durante la República se creó la Agrupación Socialista, con un número muy reducido de afiliados -doce o trece-. Durante la guerra, UGT organizó una Colectividad Agrícola y con la CNT controló el servicio de transportes de la localidad. Existía también una sección de la Federación Provincial Campesina y un radio del PCE, adscrito a la comarcal de Almoradí, que tenía muy malas relaciones con otras fuerzas políticas, en especial con la CNT, a la que acusaban de admitir en su seno a auténticos delincuentes.
Según la Causa General, dieciséis vecinos, en su mayoría falangistas, fueron víctimas de la violencia republicana, cuatro de ellas en el frente -posiblemente acusados, con o sin fundamento, de tratar de pasarse a las filas enemigas-. Además, según Miguel Ors, fueron consideradas “facciosas” treinta y seis personas. En junio de 1936 fue asaltada la sede de Falange Española, siendo arrojados al río todos los muebles, el aparato de radio, mesas y demás utensilios.
El 19-VII-1936, a las dos de la madrugada prendieron fuego al Altar Mayor y al altar de la Capilla de la Patrona Nª Sª del Rosario, habiendo quedado casi destruidos los mismos, aunque gracias a la intervención de personas de derechas pudo sofocarse el incendio. Días después, fue destruida en su totalidad la Iglesia Parroquial, saqueados los objetos destinados al culto y profanadas y quemadas las imágenes. Rompieron los altares, lámparas, cristales, ventanas y hasta fue arrancado el piso, quedando sólo los muros. Asimismo las campanas de la torre fueron arrojadas al suelo.
La Causa General cita también la colocación, ya en 1938, de una bomba en un domicilio particular, el saqueo del domicilio del secretario del Ayuntamiento y la detención -en julio de 1936- de más de cincuenta vecinos de derechas que fueron conducidos al teatro y a los que se presionó para que entregasen las armas. Al parecer, algunos fueron sorprendidos mientras celebraban una reunión clandestina -sin duda, para apoyar el golpe de estado- y fueron trasladados luego a Alicante.
En cuanto a las profesiones de los represaliados por el franquismo predominaban, como era lógico dada la estructura económica del municipio, los trabajadores agrícolas. Se les acusó de haber participado en los asesinatos, los saqueos de la Iglesia y de varios domicilios particulares, y las detenciones citadas en la Causa General, así como de haber actuado como milicianos, haber marchado voluntariamente al frente, haber participado en requisas e incautaciones, haber intervenido en el asalto al cuartel de la guardia civil de Torrevieja y en el incendio de iglesias de la comarca, haber sido dirigentes políticos y sindicales y haber exigido dinero a vecinos de derechas.
Once personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas, y a otras cuatro se les conmutó esa condena por la de 30 años de reclusión mayor. Uno de los fusilados fue el alcalde socialista Jesús Cartagena Gil, al que se consideró culpable de varios asesinatos; más tarde, se admitió que “no intervino personalmente en hechos de sangre, pero que se le consideró moralmente responsable de los asesinatos que se cometieron en la localidad, así como también de los saqueos y desmanes”. Otros seis vecinos fueron condenados también por adhesión a la rebelión y el resto a penas menores por auxilio a la rebelión. Desconocemos la sentencia contra varios vecinos acusados de graves delitos en la Causa General. La mayoría de esas condenas se cumplieron en las cárceles de la provincia -Orihuela, Alicante, Elche, Novelda, Monóvar- y algunos fueron enviados a las prisiones de Barcelona y Valencia o a Batallones de Trabajo en Dos Hermanas, Algeciras y Alcalá de Guadaira. Algunos, alcanzada la libertad condicional, sufrieron destierro en Oviedo, Sagunto o Valencia.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a dieciocho vecinos, dos murieron en la cárcel por tuberculosis y otros tres fallecieron en Gusen, víctimas de la crueldad nazi. En 1943 fueron detenidos seis vecinos, que la guardia civil consideraba peligrosos por su influencia sobre sus camaradas y en 1945 al menos trece -donde los cuales fueron juzgados y condenados, por haber ayudado a implicados en la muerte del inspector Maján- lo fueron en el marco del que la policía llamaba “complot comunista” descubierto en esas fechas. Finalmente, en 1947 un anarquista fue detenido acusado de intentar reorganizar la CNT-FAI.