Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Marina Alta, que tenía 801 habitantes en 1930 y 889 en 1940. Tenemos noticia de algunos intentos llevaos a cabo por el P. Vicent, en 1906, para crear en Parcent una Cooperativa Agrícola Católica. El predominio del caciquismo y de los partidos dinásticos fue absoluto hasta 1930, fecha en que se creó un Círculo Republicano. En 1933, los afiliados a Unión Republicana pasaron en masa a la recién creada Agrupación Socialista, que tenía -entre 1936 y 1938- cerca de setenta afiliados, de los cuales solo una era mujer. El sindicato predominante era la UGT, que creó una Cooperativa agrícola durante la guerra civil, que competía con otra que había organizado la Federación Provincial Campesina, impulsada por el PCE. Otras organizaciones existentes durante la guerra civil fueron el SRI, IR, las JJSS, la JSU y la CNT-FAI.
Según la Causa General, fueron víctimas de la violencia republicana un sacerdote y dos vecinos que habían sido alcaldes de la localidad, con las derechas. Además, la Causa General aludía a la quema de la iglesia y destrucción de imágenes sagradas, y al saqueo de muebles de algunos domicilios particulares, hechos ocurridos en septiembre de 1936. El informe del alcalde, de octubre de 1940, aseguraba que “hasta la actualidad se cree han participado muchos de los dirigentes de aquella fecha, los cuales unos se hallan en la cárcel y los otros en el extranjero”, sin citar a nadie en concreto. Sin embargo, en otro informe, fechado en abril de 1941, ya se señalaba a los que se consideraba responsables de los "desmanes y crímenes" ocurridos en el municipio, cinco vecinos, de los cuales cuatro estaban huidos y otro, Onofre Francés, había sido condenado a muerte y ejecutado. Catorce vecinos fueron considerados "desafectos" a la República.
Los represaliados por el franquismo, en su mayoría labradores, fueron acusados de los delitos ya citados; de haber desempeñado cargos en el Frente Popular, la Junta Calificadora de Desafectos, las Colectividades Agrícolas, el Comité de Salud Pública y el Ayuntamiento; de haber sido milicianos y haber intervenido en denuncias, exigencias de dinero, incautaciones y requisas de muebles -en algunos casos para acoger a los refugiados-, y de haber marchado voluntariamente al frente, obteniendo alguna graduación militar. Cuatro vecinos fueron capturados por la guardia civil, en 1940, cuando se encontraban escondidos en montes cercanos a Callosa d'en Sarrià.
Cuatro vecinos fueron condenados a muerte, aunque a dos de ellos se les conmutó la pena por la de 30 años de reclusión mayor, que también se aplicó a otro. El resto fue condenado por auxilio a la rebelión, a penas muy diversas que oscilaron entre los 20 años de reclusión menor y los tres años de prisión. Nueve mujeres fueron condenadas por excitación a la rebelión, ocho a un año de prisión y una a seis meses y un día: la acusación fundamental fue haber creado, a principios de 1937, el SRI, que organizó funciones benéficas y cuestaciones para allegar fondos de ayuda a Madrid, a frentes y hospitales, requisó algunos muebles y ropas para los refugiados, a los que instaló en domicilios incautados a otros vecinos.
Estuvieron presos preventivamente o cumplieron condena en las cárceles de Dénia, Pego, Alcoi, Elche, Orihuela y el Reformatorio de Alicante, en la provincia; en el campo de concentración de Portaceli (Valencia), en los campos, penales y prisiones de Miranda de Ebro, Formentera, Lérida y Valencia. Además, varios vecinos fueron enviados a trabajar en Batallones de Soldados Trabajadores o Colonias Militarizadas en Belchite, Talavera, Rentería, Santiago de Compostela, Marruecos y Dos Hermanas.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a veintidós vecinos. Un maestro fue separado del Cuerpo definitivamente, sanción que se aplicó, en un primer momento, a una maestra que fue condenada en Consejo de guerra por las citadas actividades del SRI, organismo del que era secretaria, aunque posteriormente se revisó la sanción, que quedó reducida a traslado fuera de la provincia, sin poder pedir vacante en dos años. Un vecino, Perfecto Moll Mora, fue condenado, en 1945, a 12 años de reclusión e inhabilitación absoluta y perpetua para cargos del Estado, “por un delito consumado de masonería”, pena que se le conmutó al año siguiente por la de inhabilitación y separación de cargos del Estado. Finalmente, en 1945 fue detenido Juan Comes, que estuvo algún tiempo preso gubernativamente, acusado de pertenecer al PCE.