Francisco Moreno Sáez

Localidad perteneciente a la comarca de la Foia de Castalla, que tenía 2.948 habitantes en 1930 y 2.877 en 1940. Ya en el siglo XIX hubo en Onil una Sociedad de Socorros Mutuos, que los socialistas trataban, desde Alcoi, de convertir en Sociedad de Resistencia. Así, en 1915, apareció la Sociedad de Oficios Varios “La Unión Onilense”, que al año siguiente se integró en la UGT. En 1917 y 1919 hubo huelgas de unas cuatrocientas trabajadoras de las fábricas de muñecas de la localidad en defensa de su derecho a asociarse libremente. “La Unión Onilense” se integró en la Federación Agrícola organizada por la UGT en el Alto Vinalopó, en 1920, con sus 166 afiliados. La Agrupación Socialista, creada en 1916, no tenía muchos afiliados, en torno a quince, en 1920 y se disolvió en 1930, mientras que “La Unión Onilense” veía descender sensiblemente el numero de sus afiliados durante la dictadura de Primo de Rivera. Ya en los años treinta funcionaba la Sociedad de Trabajadores de la Tierra “La Protectora” (UGT).

Sin embargo, la Coalición Republicano-Socialista ganó las elecciones en abril de 1931 y se reorganizó la Agrupación Socialista, que tenía 15 militantes en 1933 y 14 -doce hombres y dos mujeres- en marzo de 1937. En marzo y abril de 1934 hubo huelgas de campesinos y operarias de las fábricas de muñecas, por lo que fue clausurada la Casa del Pueblo. Fue destituida la corporación municipal y sustituida por una gestora, con miembros de la CEDA y el Partido Radical, que gobernó hasta febrero de 1936. Durante la guerra se procedió a la intervención estatal de fábricas de juguetes y metalúrgicas para ponerlas al servicio de la producción de guerra, en un proceso dirigido por la UGT.

Aunque el predominio socialista en el movimiento obrero de Onil era muy grande, con su Sindicato Metalúrgico, la Casa del Pueblo, la Sociedad de Oficios Varios y el Sindicato de Trabajadores de la Tierra, durante la guerra civil también había organizaciones de IR, el SRI y el PCE, cuyo radio pertenecía a la comarcal de Ibi donde estaba representado por Amalia Gandía. No hemos encontrado, en cambio, rastro de la CNT.

La represión republicana se cobró la vida de dieciocho vecinos, varios de los cuales fueron condenados a muerte por un Tribunal Popular, en octubre y noviembre de 1936; a algunos de ellos y a otros vecinos, que fueron condenados a diversas penas, se les acusó de conspiración para la rebelión militar, por haber mantenido varias reuniones a esos efectos en la fábrica de Merín. Otros fueron víctimas de los “paseos”, entre ellos un propietario y concejal de derechas, y un sacerdote: a varios vecinos de Onil se les acusó de inductores de esos crímenes, que fueron cometidos por forasteros, según la Causa General. Finalmente, varios soldados fueron muertos en el frente de Castellón, alguno por tratar de pasarse a las filas del ejército sublevado.

Entre agosto y septiembre de 1936 fueron saqueadas la Iglesia, un Convento de monjas, las ermitas de Santa Ana y Virgen de la Salud y tres edificios dedicados al culto católico; se efectuaron obras en la Iglesia, que habilitaron para mercado de abastos, y en las ermitas, que se convirtieron en talleres de aviación, y el Convento en garaje. Algunos objetos de culto fueron, al parecer, llevados al campo de fútbol y quemados. La Causa General señaló como sospechosos de estos hechos a diecinueve vecinos. Sin embargo, un informe de la guardia civil, tras muchos interrogatorios, inculpó como autores o inductores de esa destrucción de imágenes sagradas y objetos de culto a más de setenta vecinos y vecinas de la localidad.

Estas fueron la mayoría de las acusaciones que se hicieron en los Consejos de guerra posteriores a abril de 1939, aunque también se aludió a detenciones, incautaciones, exigencias de dinero y requisas, actuación como milicianos o como dirigentes de partidos y sindicatos del Frente Popular. Diecinueve fueron condenados a la última pena y fusilados, y a dos se le conmutó esa condena por la de 30 años, que se aplicó también a dieciséis procesados. Ocho de los acusados en la Causa General de delitos graves marcharon al exilio. En su mayoría los juzgados eran trabajadores agrícolas, operarias y metalúrgicos de las fábricas de la localidad, albañiles, oficinistas, carpinteros, panaderos, etc. Uno de los condenados a muerte fue, en un primer Consejo de guerra, absuelto por apreciarse la eximente de locura, pero posteriormente fue reconocido por Tribunales Médicos que certificaron que era un simulador perfectamente consciente de sus actos, por lo que en 1943 fue ejecutado, tras un nuevo Consejo de guerra.

En mayo de 1939 estaban encarcelados en la localidad setenta personas, que fueron paulatinamente enviados a diversas cárceles de la provincia: Xixona, Alcoi, Dénia, Orihuela, Elche y, sobre todo, el Reformatorio de Alicante. Allí cumplieron condena la mayoría de los represaliados por el franquismo, aunque otros estuvieron en las prisiones de El Dueso, Guadalajara, Valencia o Segovia o fueron enviados a Colonias Militarizadas o Batallones de Soldados Trabajadores en Belchite, Dos Hermanas, Talavera y Aranjuez.

El alcalde de Onil envió en diciembre de 1939 una relación de más de cincuenta vecinos a los que, en su opinión, habría de aplicarse la Ley de Responsabilidades Políticas, varios de los cuales estaban huidos en el extranjero, pese a lo cual se les aplicó, recayendo sobre muchos de ellos elevadas multas: pérdida total de sus bienes en dos casos, multas de 60.000 pesetas y confinamiento en Fuerteventura en otro, varias multas de 5.000, 2.000, 1.500 y 1.000 pesetas, pérdida de su casa en Onil, confinamiento en Guinea, etc. Un vecino de Onil murió en el campo de concentración de Gusen.

Onil fue una de las localidades donde las mujeres tuvieron una mayor participación en la vida política y sindical, pues como hemos visto ya venían defendiendo sus derechos como trabajadoras desde muchos años atrás. Por ello, hubo bastantes represaliadas, incluso una de ellas, dirigente del PCE, fue condenada a muerte y fusilada, a pesar de muchos testimonios a su favor. Otras habían sido concejales y hasta una de ellas, Amparo Payá, alcaldesa durante unos meses.

No tuvieron importancia las detenciones -aunque en algún caso se prolongaron durante unos meses- por hechos posteriores al final de la guerra y se debieron a amenazas o frases dichas en estado de embriaguez. La familia de uno de los exiliados, Vicente Sempere Bernabeu, fue cuidadosamente investigada ante los rumores, realmente fantásticos, de que había regresado de Orán y estaba organizando una guerrilla en Orense.