Asunción Brotons Boix

Francisco Moreno Sáez

Localidad perteneciente a la comarca de l’Alacantí, que tenía 3.330 habitantes en 1930 y 3.344 en 1940. Pueblo agrícola, en el que -según cifras oficiales relativas a 1920- trabajaban en el campo unos 900 hombres y 400 mujeres. En 1919 se constituyó “La Defensa”, Sociedad de Operarios de Agricultura cercana a UGT, con 116 afiliados. “La Defensa” seguía existiendo durante la guerra civil, como Sociedad de Trabajadores de la Tierra, integrada en la UGT, que contaba con unos 900 afiliados en ese y otros Sindicatos -como una Sección de Oficios Varios-; además constituyó en 1937 la Cooperativa Agrícola Obrera, con el capital social de los socios. Perfectamente organizada y estructurada en diversas secciones, en poco tiempo habían efectuado compras por valor de más de 42.000 ptas y contaban con más de 200 socios, generando amplios beneficios. En cuanto a la Agrupación Socialista, ingresó en la Federación Provincial Socialista en 1931 y en los años treinta tuvo entre veinte y cuarenta afiliados: tras la huelga de octubre de 1934 quedo reducida a la mitad esa cifra. La CNT estaba organizada en un Sindicato Obrero de Oficios Varios. El Radio del PCE mantenía con la CNT difíciles relaciones, sobre todo después de la creación de una sección de la Federación Provincial Campesina. Otras organizaciones políticas y sindicales eran IR, UR, la JSU y las Juventudes Libertarias.

Según la Causa General, dos vecinos murieron en el frente “acribillados a balazos”, lo que -según Miguel Ors- no demuestra que fueran represaliados. El 26 de julio de 1936 se produjo el saqueo de la iglesia por un grupo de milicianos incontrolados y la quema en la vía pública de las imágenes que allí había, más otras que se encontraban en domicilios particulares. Además, fueron detenidos once falangistas que se habían refugiado en una finca de la localidades: siete de ellos fueron juzgados por un Tribunal Popular y fueron condenados seis a 6 años de prisión, tres a 2 años y el fiscal retiró la acusación contra otros dos. De todo ello se responsabilizó a los dirigentes del Frente Popular.

La profesión predominante entre los represaliados por el franquismo era la de labrador, aunque hubo entre ellos carpinteros, mecánicos, albañiles, maestros, chóferes, etc. Algunos trabajaban en Alicante. Fueron acusados, sobre todo, del incendio de las imágenes religiosas y de la detención de los falangistas; además, lo fueron por ocupar puestos de responsabilidad en el Consejo Municipal, la Cooperativa Agrícola y las industrias incautadas -en especial, la relacionada con la almendra-; haber sido milicianos y haber marchado voluntarios al frente -alcanzando algunos graduación militar-, haber efectuado denuncias, exigencias de dinero para las Milicias y coacciones para que no eludiesen su marcha al ejército contra elementos de derechas.

No hubo en la postguerra condenas a muerte por hechos relacionados con la guerra, y solo dos vecinos fueron condenados por adhesión a la rebelión. El resto lo fue por auxilio a la rebelión, la mayoría de ellos a 20 y 12 años y 1 día de reclusión menor. Estuvieron presos en el reformatorio de Alicante, las cárceles de Orihuela, Elche, Santa Clara (Valencia), los penales de Formentera y El Dueso. Varios fueron enviados a trabajar a las Colonias Penitenciarias de Dos Hermanas y Añover del Tajo.

La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a 37 vecinos, siendo la mayoría sancionados con dos o cinco años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dada su insuficiencia económica. Tres vecinos marcharon al exilio, uno de ellos en los años cincuenta, después de haber cumplido su condena. Otro murió en la cárcel de Orihuela por una perforación de estómago. No conocemos los motivos por los que varias mujeres fueron represaliadas. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo se aplicó a Francisco Ortiz Torralba, funcionario de la Diputación Provincial -cargo del que fue despedido en 1939-, republicano y miembro de la Logia “Constante Alona”, de Alicante, que fue condenado a doce años de reclusión, pena sustituida después por la de confinamiento.

Varios vecinos fueron detenidos, encarcelados y condenados en Consejo de guerra por pertenencia a Unión Nacional y al PCE en sucesivas redadas ocurridas en los años 1946 y 1947. Uno de ellos, Rafael Verdú Pastor, fue detenido en varias ocasiones posteriormente, acusado de incitar a los compañeros de trabajo o de hacer huelga en 1958, siguiendo las consignas del PCE.