Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca del Vinalopó Mitjá, que tenía 3.205 habitantes en 1930 y 3.217 en 1940. Según una estadística oficial, en 1920 trabajaban 800 hombres y 600 mujeres en las labores del campo. Existían a primeros de siglo algunas sociedades agrícolas y durante la República la UGT tenía una Sociedad de Oficios Varios y la Agrupación Socialista contaba con 30 militantes en 1936. Durante la guerra hubo diversas organizaciones políticas y sindicales: el PCE pertenecía a la comarcal de Novelda y organizó una sección de la Federación Provincial Campesina, que creó en 1937 una cooperativa; la CNT contaba asimismo con un Sindicato de Campesinos; había afiliados a UR, IR, PSOE, SRI, JSU y UGT, así como una colectividad agrícola denominada “El Porvenir”. Funcionaron además el Comité del Frente Popular y el Comité Revolucionario de Defensa.
Durante la guerra, fueron muertos por arma de fuego dos vecinos, delitos de los que la Causa General responsabilizaba a diez vecinos, de los cuales cuatro fueron posteriormente condenados a muerte y ejecutados. Alguno de ellos fue también implicado en la muerte de un estudiante de Alicante, de 19 años, hecho por el que fueron condenados a muerte otros vecinos, aunque a dos de ellos se le conmutó la pena por al de 30 años de reclusión. Aparecieron además, en el término municipal, siete cadáveres -entre ellos, los de dos sacerdotes- asesinados por desconocidos. Fueron incendiadas las imágenes y objetos de culto de la iglesia parroquial y de la iglesia y convento de Orito, delitos por los que la Causa General consideraba sospechosos a trece vecinos, dos de los cuales se encontraban en Francia. Sin embargo, fueron acusados, al menos, veinte vecinos de estos hechos, en los procesos llevados a cabo después de la guerra.
La mayoría de los represaliados por el franquismo eran jornaleros, aunque también lo fueron algunos empleados y comerciantes, así como un médico -al que se acusó de haberse incautado de los Baños de Orito-. Fueron acusados de haber intervenido en la incautación de fincas, haber actuado como milicianos o como testigos de cargo, haber participado -como hemos dicho- en asesinatos, en el incendio de las imágenes de las iglesias de Monforte y Orito, o en detenciones; muchos de los que habían sido alcaldes o concejales fueron considerados responsables de los hechos ocurridos “bajo su mandato”, aunque ellos no hubieran tenido participación en ellos; otros fueron condenados por haber marchado voluntariamente al frente y haber alcanzado alguna graduación en el ejército republicano. Resulta significativo que en muchas sentencias se hiciera alusión a la petición de revisión de una condena de un Tribunal Popular contra un sacerdote que fue de nuevo juzgado y condenado a muerte, aunque el procesado no hubiese tomado parte en la reunión en que se tomó esa decisión
Hubo un alto numero de condenados a muerte, quince, aunque a ocho de ellos se les conmutó la pena por la de 30 años de reclusión mayor. Otros quince fueron condenados asimismo a reclusión mayor por adhesión a la rebelión. Cumplieron sus condenas en las cárceles cercanas de Monóvar -campo penitenciario-, Novelda, Elche y Alicante, aunque otros pasaron por las diversas cárceles existentes en Madrid –Yeserías, Barco, Comendadoras, Santa Rita, Príncipe de Asturias, Duque de Sexto, Miguel de Unamuno-, San Sebastián, Avilés, Pamplona, Lérida, Ocaña, Formentera, Barcelona, Portaceli, San Juan de Mozarrifar o El Dueso. Asimismo hubo vecinos de Monforte que fueron enviados a Batallones de Soldados Trabajadores en Valencia, Murcia, Belchite, Rentería, Añover del Tajo o Ceuta.
Se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas a treinta y siete vecinos, de los cuales únicamente tres pagaron una sanción económica. Hubo dos que fueron internados en los campos nazis, uno de los cuales murió y el otro fue liberado en 1945. Un preso murió de tuberculosis pulmonar en la cárcel de Novelda. En cuanto a los exiliados, algunos rehicieron sus vidas en Francia, dos regresaron en los años cincuenta. Cinco mujeres fueron represaliadas, una de ellas por despedirse puño en alto de un familiar.
Un joven condenado a muerte, acusado de haber participado en el asesinato de un vecino, y al que se le conmutó la pena por la de 20 años en atención a su minoría de edad, fue desterrado a Villanueva de la Serena (Badajoz) cuando recibió el indulto. Se casó en 1950 y fue a su pueblo a saludar a su madre, pero fue denunciado por un familiar de la víctima, detenido por el alcalde -ante la posibilidad de una alteración del orden público- y enviado de nuevo a su lugar de destierro.