Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca del Vinalopò Mitjá, que tenía 2.264 habitantes en 1930 y 1.984 en 1940. El término municipal fue hasta 1930 propiedad del marqués de La Romana. Existía en La Romana desde 1928 una Agrupación Socialista que en 1933 tenía 20 afiliados y 50 a mediados de 1936. En 1929 los socialistas abrieron la Casa del Pueblo, durante la República en paz organizaron la Juventud Socialista y había varias secciones afectas a la UGT, entre las que destacaba la de Agricultores, con su Colectividad. El predominio socialista en el movimiento obrero de La Romana era manifiesto, aunque en agosto de 1937 solo tenían 22 afiliados. La CNT contaba con un Sindicato de Campesinos, había también alguna organización del PCE y la JSU, así como de UR. El Radio comunista de La Romana, que pertenecía a la comarcal de Novelda, apenas tenía vida, aunque habían organizado una sección de la Federación Provincial Campesina.
Hubo dos víctimas mortales durante la guerra: un preso en el Reformatorio de Alicante que fue posiblemente fusilado en noviembre de 1936 y el médico José Limiñana Miralles, al que varios milicianos detuvieron en enero de 1937 con la excusa de trasladarle hasta Novelda, aunque poco antes de llegar allí le hicieron bajar del coche "y al intentar escapar le hicieron varios disparos"", causándole la muerte. Los tres acusados de este crimen fueron juzgados y condenados a muerte -aunque luego se les conmutó la pena, en marzo de ese año, por la de 30 años de reclusión- por la Justicia republicana, mediante una sentencia del Tribunal Popular en Alicante. Fueron encarcelados en Orihuela y Chinchilla. Al terminar la guerra, fueron de nuevo juzgados por ese hecho, condenados a muerte y ejecutados. Más de veinte vecinos fueron considerados por el informe de la Causa General como sospechosos de haber participado en el asalto a la iglesia y varias ermitas, en julio de 1936, en las que fueron quemados imágenes, ornamentos y objetos de culto. Hubo seis vecinos que fueron declarados desafectos según Miguel Ors.
Los represaliados por el franquismo eran, en su mayoría, jornaleros y trabajadores del campo o canteros, siendo minoritaria la presencia de otras profesiones -albañiles, carpinteros, taberneros, comerciantes-. Las acusaciones que se les formularon en los Consejos de guerra no difieren de las del resto de las localidades: la ya citada destrucción de imágenes sagradas y objetos de culto, el haber sido miliciano o voluntario al ejército republicano, haber desempeñado algún cargo dirigente en el Ayuntamientos, la Colectividad Campesina o el Comité de Fincas Incautadas, haber practicado detenciones o exigencias de dinero a personas de derechas, haber intervenido en incautaciones o haber sigo vigilantes de la cárcel. Además de los implicados en la muerte de Limiñana, otros tres vecinos fueron condenados a muerte y ejecutados. Las penas fueron muy diversas, destacando las de 20 años, 12 años y 1 día y 6 años y 1 día, todas por auxilio a la rebelión. Además de en las cárceles cercanas -el campo penitenciario de Monóvar, Novelda, el Reformatorio de Alicante, Elche- los represaliados de La Romana estuvieron presos en otras muchas cárceles -Portaceli, Chinchilla, Formentera, Oviedo, Valladolid, Toledo, Lérida, Tarragona, etc- y muchos fueron enviados a Batallones de Soldados Trabajadores en Belchite, Dos Hermanas, Reus, Bétera, Rentería o el pantano de Benagéber (Valencia).
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a treinta y cinco vecinos, apenas hubo dos mujeres represaliadas, una maestra y otra, Dolores Pérez Cremades, que fue condenada en Consejo de guerra acusada de haber ocultado en la cueva en que vivía seis bombas de mano y una careta antigás.
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