Francisco Moreno Sáez

José Ramón Valero Escandell

Cuando se produce el levantamiento militar de 1936, Ibi era ya el principal municipio industrial de la comarca de la Foia de Castalla, gracias al desarrollo de la industria juguetera y otras actividades complementarias (cuchillería, material para heladeros…). Según el censo de 1930 ya alcanzaba los 4.104 habitantes, casi los mismos que Castalla, la tradicional capital de la zona; en 1940, pese a que las corporaciones hinchaban el número de sus vecinos para mejorar el suministro básico, se habían reducido a 3.929.

En Ibi el republicanismo había alcanzado una cierta importancia a finales del siglo XIX y las primeras sociedades obreras, relacionadas con las mutualidades, nacieron poco después. El movimiento obrero, de marcado predominio socialista entre sus inicios y 1939, comenzó a mostrarse especialmente activo en las primeras huelgas industriales, ya avanzada la I Guerra Mundial, en 1917 y 1920, relacionadas con la situación de la mano de obra femenina. También hubo otras huelgas en 1930, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera.

En las dos grandes empresas jugueteras, para tratar de reducir la influencia izquierdista, los propios empresarios impulsaron el desarrollo del Sindicato Católico, al que casi siempre se le trataba de primar de alguna manera, aunque todas las reivindicaciones importantes en las empresas fueron conseguidas por la presión de la Asociación Obrera El Trabajo, vinculada a la UGT y la Agrupación Socialista local, que ingresó en la Federación Provincial Socialista en octubre de 1931, con 52 afiliados, reducidos a 27 en 1936, tras la dura represión sufrida en octubre de 1934, cuando “encarcelaron a casi todos sus afiliados y al que no apresaron, fue represaliado y expulsado de su puesto de trabajo”.

Un hecho imprescindible para entender el enfrentamiento social y la violencia generada al comienzo de la Guerra Civil y al final de la misma es la huelga revolucionara vivida en octubre de 1934, duramente reprimida, hasta el punto de que sólo en Payá Hermanos, la mayor empresa local, al menos 28 obreros –tres mujeres entre ellos- fueron despedidos y nueve de ellos encarcelados. Entre estos últimos se encontraba la mayor parte de quienes dirigirían las principales entidades ibenses durante el periodo bélico; después de la guerra, algunos se exiliaron y otros fueron el núcleo sobre el que se ejerció la fortísima represión franquista, decididamente apoyada en casi todos los casos por los poderes locales.

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 muchas cosas se modificaron en la villa: se repuso la corporación republicana suprimida tras la huelga de octubre de 1934, hubo de readmitirse con indemnización a los obreros despedidos, se firmaron nuevos acuerdos laborales, las Bases de Trabajo de 1936, entre los empresarios jugueteros y la Asociación Obrera El Trabajo y, poco después, y a semejanza de estas, las de cuchillería con el Sindicato Católico. Algunos escritos de los momentos inmediatamente posteriores al 18 de julio de 1936 parecen denotar una cierta tranquilidad, pero ya antes de esa fecha se habían producido algunos indicios de radicalización: el nacimiento de un activo grupo de jóvenes falangistas, el asalto e incendio del Patronato Católico y la colocación de una bomba explosiva a la puerta de la casa de un destacado dirigente socialista.

La guerra transformó radicalmente las instituciones locales, con la formación del Consejo Municipal, además del Comité del Frente Popular Antifascista, la incautación de las tres empresas jugueteras y la creación de la Cooperativa Obrera Agrícola, impulsada por la Federación Provincial Campesina (PCE); en todos los casos el predominio de los socialistas fue destacado y evidente, a partir de la propia agrupación local o de sociedades como El Trabajo o La Constancia. En el PCE jugó un importante papel Ramón Valls Figuerola, que era secretario de la organización comarcal del Partido. La represión de posguerra se dirigió esencialmente contra los principales dirigentes de todas estas instituciones, más incluso que contra quienes ejercieron realmente violencia en el primer trimestre de la guerra.

Sobre la represión vivida durante la Guerra Civil nos informa la Causa General pero también, y mucho más objetivamente, algunos informes de posguerra de las empresas Payá Hermanos y Rico SA. La represión de guerra afecta, según la Causa General, a 13 personas vinculadas a Ibi, pero sólo de la muerte de seis de ellas se acusó directamente al comité: se trata de tres jóvenes falangistas, un sacerdote y dos miembros de la Derecha Regional Agraria, más que probablemente vinculados al Sindicato Católico. Además de ellos, también aparece una persona que se suicidó para no ser detenido, el fundador del citado Patronato, que residía entonces en Ontinyent y fue asesinado en L’Ollería, un ibense fusilado en Aravaca, un militar sublevado en el fracasado levantamiento de Menorca y dos jóvenes “fusilados en el frente al intentar pasarse a las filas nacionales”, una afirmación que hay que considerar siempre con ciertas cautelas por las consecuencias que llevaba implícitas en los primeros años de posguerra. Debemos matizar el tono de la Causa General, el principal documento inculpatorio de muchas personas, cuando leemos afirmaciones como “extracción del corazón, el que fue devorado por sus asesinos”; y también revisar muchos datos; por ejemplo, los acusados responsables de fusilamientos realizados en la misma noche y cometidos en el mismo lugar no siempre coinciden cuando se habla de cada uno de los muertos.

Además de estos casos de extrema gravedad, también hubo asaltos a los edificios religiosos, los días 3 y 4 de agosto de 1936 (el primero, a la Parroquia de la Transfiguración; el siguiente, a las ermitas del término). Se quemaron imágenes religiosas y otros objetos de culto; sin embargo, las joyas de la virgen, robadas según informaciones interesadas, fueron entregadas por el alcalde Antonio Picó a la Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda y Economía, el 15 de septiembre de 1938, según documento del CDMH.

También hubo un buen número de detenidos y encarcelados, especialmente en los primeros meses de guerra, aunque otros lo habían sido ya en marzo de 1936, cuando fueron internados en la cárcel local por las autoridades municipales y trasladados luego a Alicante, donde permanecieron presos durante 32 días. Así, sólo en Payá Hermanos, hubo medio centenar de represaliados (una parte encarcelados, otros despedidos o desplazados de tarea), en buena medida miembros de la prolífica familia propietaria, pero también obreros derechistas. En Alicante, en octubre de 1936 tuvo lugar un juicio por rebelión militar contra 26 vecinos de Ibi, por tenencia de armas, apología del fascismo y otras acusaciones; 7 acusados fueron condenados a cadena perpetua y a 20 años a otra media docena. También aparecen otras relaciones de desafectos -cincuenta y dos-, locales o propietarios forasteros, que sirvieron para proceder a las incautaciones agrarias. En el polo opuesto, algunos miembros de las familiares propietarias siguieron trabajando en las empresas, aunque no en puestos directivos.

Con el paso de los meses, comenzaron las transformaciones. No sólo en algunos cargos directivos, con el llamamiento a filas de un número de quintas cada vez mayor. También en la estructura productiva, con el paso de fórmula de incautación de fábricas a la Cooperativa Rai y, finalmente, a Fábrica de Armamento nº 27, que supuso la incorporación de personal directivo externo. Ideológicamente, las críticas a la dirección de la empresa fueron transformándose desde el inicial recelo de los más conservadores a las nuevas propuestas de entidades como el PCE y la CNT-FAI que vieron incrementarse sensiblemente sus afiliados; así, el número de inscritos en las organizaciones comunistas se acercaba al final de la guerra al de los miembros de la Agrupación Socialista. También llegó a tener un notable desarrollo el Socorro Rojo Internacional (SRI), la organización humanitaria ligada a las organizaciones marxistas, que en Ibi contó con buen número de mujeres y jóvenes.

Al final de la guerra la represión franquista no se hizo esperar mucho, afectando a centenar y medio de personas –con los datos que hoy poseemos-, si consideramos sólo a quienes fueron detenidos, encarcelados o juzgados en rebeldía por haber podido exiliarse. Además de ellos, lógicamente, cabría también incluir a quienes sufrieron algún tipo de depuración, inhabilitación o pérdida de empleo; también a quienes llegaron a Ibi en los años de construcción de la inconclusa vía férrea Alicante-Alcoi y debieron retornar a sus lugares de origen (no todos, porque se exceptuó a quienes tenían ya vínculos familiares en la villa). La mayoría de los acusados lo fueron por haber formado parte del Consejo Municipal o del Comité del Frente Popular, de las directivas de las fábricas colectivizadas y de las fincas incautadas, además de quienes estaban acusados de haber participado en los actos violentos, como los paseos o el asalto a edificios religiosos, aunque la Causa General llega a acusar de esto último “a todos los componentes del entonces llamado Frente Popular”. En las acusaciones se consideró como acto de violencia la incautación de las fincas o la demanda de productos a algunos agricultores; en modo alguno se tuvo en cuenta la gestión concreta de la cooperativa obrera, que fue altamente satisfactoria, como puede comprobarse en la información acumulada por Payá Hermanos y Rico SA para solicitar la devolución de los fondos bloqueados. No se limitaron a eso: existe un sumario acusando a quienes realizaron labores directivas en la organización humanitaria SRI por auxilio a la rebelión, aunque varias implicadas pudieron pasar en poco tiempo a prisión atenuada. También se incluyen en las acusaciones la participación en la huelga de 1934 o la quema del Patronato, aunque no tuvieran relación con el periodo bélico.

Aunque la mayoría de detenidos pasaron un tiempo en el depósito municipal (en el viejo pósito), o en el piso superior de la casa de Correos, en el caso de algunas mujeres, pronto fueron peregrinando por numerosas prisiones, desde la del partido en Xixona al campo de concentración de Monòver, pero especialmente al Reformatorio de Alicante, ciudad en la que fueron juzgados la mayoría; después, muchos sufrieron un peregrinar carcelario por buena parte de la geografía española, del sur de Andalucía al penal de El Dueso, en Cantabria. Todavía en octubre de 1939, el alcalde oficiaba al Gobernador Civil para hacerle saber las “múltiples dificultades” que tiene para “seguir albergando en el Depósito Municipal a los 76 detenidos que tenemos”, debido a las malas condiciones del local en cuanto a higiene y habitabilidad –pues “en esta plaza se llega a temperaturas de 3 y 4 grados bajo cero”-, y a las dificultades para hacer guardias.

Del análisis de los expedientes judiciales y carcelarios consultados, parece evidente que predominó claramente la represión ejercida sobre los varones, los adultos jóvenes y los militantes marxistas, especialmente de la UGT –donde se sindicaron tanto los socialistas como los comunistas-. No obstante, también hubo mujeres, gentes de mayor edad, anarquistas, republicanos e incluso gentes sin demasiada vinculación directa con estas organizaciones.

En resumen, hubo 12 fusilados, uno de ellos en Valencia, y ello a pesar de que quienes fueron considerados como principales responsables de los hechos juzgados estaban en el exilio en territorio francés (continental o colonial en el Norte de África). A esta docena de víctimas asesinadas habría que sumar, al menos, otros dos más: Antonio Pina, que acabó sus días en el campo de concentración de Gusen, y Ramón Valls Figuerola, fusilado en Ceuta el 18 de agosto de 1944, al parecer tras ser detenido en Tánger durante la toma de la ciudad por los falangistas.

Del resto, no existe una relación clara entre la gravedad de las acusaciones a las que se enfrentaron y el rigor de la condena, ni siquiera entre ésta última y el tiempo realmente vivido en prisión. En general, las penas fueron más rigurosas al comienzo de los juicios y algo más atenuadas en los juzgados años después; hubo algunas absoluciones pero también varias condenas a 30 años, siempre por adhesión a la rebelión, en algún caso por conmutación de la pena de muerte. Apenas tuvieron repercusión económica los en torno a sesenta expedientes iniciados por la Ley de Responsabilidades Políticas, sobreseídos casi todos, incluso en el caso de condenados a muerte, ante la imposibilidad de conseguir ningún resultado rentable: fueron condenados a penas de inhabilitación, comprobada su insuficiencia económica. Tampoco parecen existir víctimas de la persecución contra la masonería, pues no hay constancia de actividades de este tipo en Ibi. Otra represión de posguerra relacionada con Ibi, aunque no de residentes en la villa, sería la ejercida contra el poeta ibense Pascual Pla y Beltrán, residente en Valencia donde sufrió años de prisión, con exilio posterior en Venezuela; también la de carácter económico ejercida contra las propiedades de la familia del prestigioso médico socialista José Sanchís Banús, que ya había fallecido en Ibi en 1932, y cuyo entierro fue todo un acontecimiento político centrado en la sede de las sociedades obreras.

En 1944-45, con el cambio de rumbo visible en la II Guerra Mundial, muchos ya pudieron disfrutar de libertad condicional, aunque no siempre pudieron retornar directamente a Ibi. La represión fue tan profunda que apenas hubo procesados por actividades posteriores al 1 de abril de 1939: apenas dos vecinos por proferir frases contra el Régimen y decir que la guerra la ganarían las democracias. La venganza duró mucho tiempo. Sirve de ejemplo notable el caso del principal dirigente socialista, Ramón Verdú, que solicitó regresar a España en 1965, pues su hija residía ya en Alicante y él estaba a punto de cumplir 57 años de edad; la información suministrada al fiscal por parte del sargento de la Guardia Civil y por el alcalde franquista, sospechosamente similar como fácilmente puede consultarse en la Causa General, fue muy dura, pese a que no se le supo atribuir actuación directa alguna.