Jaume Domenech Mengual
Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de La Marina Alta, que tenía 2.115 habitantes en 1930 y 2.262 en 1940. En los primeros años del siglo XX se creó un Círculo Católico Obrero. En 1930, junto a los caciques locales agrupados en los partidos Liberal y Conservador, existía cierta presencia republicana, con algunos afiliados a Alianza Republicana. Posiblemente hasta 1936 no se organizaron la Agrupación Socialista y la UGT; la CNT se creó durante la guerra, como el radio del PCE, que apareció en noviembre de ese año. Ya en plena contienda, se dio un fuerte enfrentamiento entre la CNT y el resto de las fuerzas políticas y sindicales -UGT, PSOE, IR, UR y PCE-, que acusaban a los libertarios de efectuar requisas e incautaciones sin prestar atención a las normas que dictaba el gobierno de la República. La CNT controló el Consejo Municipal desde agosto de 1936 y organizó una Colectividad de Campesinos.
Según la Causa General, cuatro vecinos fueron víctimas de la violencia revolucionaria. Se trataba de los hermanos José María y Antonio López Ferrándiz, propietarios, afiliados a DRA y alcaldes durante la monarquía, otro propietario, Perfecto Femenía, y el sacerdote Alejandro Mas Ginestar. Además, fueron quemadas las imágenes y objetos de culto de la Iglesia Parroquial, que fue destinada a almacén de Abastos. Asimismo fueron incendiados los Archivos municipal y judicial, se produjeron incautaciones de varias fincas rústicas, donde se procedió a la tala de arbolado, y fueron detenidas y amenazadas numerosas personas de derechas. Dieciocho vecinos fueron declarados “facciosos” y alguno fue condenado a internamiento en un campo de trabajo.
Los represaliados por el franquismo eran, en su mayoría, trabajadores de la tierra, pero también hubo chóferes -implicados en el traslado de personas que fueron después asesinadas-, maestros y maestras, carpinteros, albañiles, etc. Se les acusó de los delitos y hechos reseñados en la Causa General, de haber desempeñado cargos en el Ayuntamiento, el Comité Revolucionario, el Hospital de sangre y los partidos y sindicatos afines al Frente Popular; haber sido milicianos, haber marchado voluntariamente al frente y haber alcanzado alguna graduación; haber intervenido en la exigencia de dinero a personas de derechas o en la custodia de presos; haber sido testigo de cargo y tener “ideas disolventes”.
Trece vecinos fueron condenados a la pena de muerte y ejecutados, algunos de ellos relacionados con el tristemente célebre coche de “la Pepa”, que sembró el terror en la comarca. Otros, acusados de los mismos delios, huyeron a Francia. Cinco más fueron condenados también por adhesión a la rebelión, a penas de reclusión mayor; el resto lo fueron por auxilio y, en menor medida, excitación a la rebelión, a penas que iban entre los veinte años y los seis meses y un día de prisión. No conocemos la sentencia de al menos dieciséis procesos. Preventivamente o cumpliendo ya condena, estuvieron encarcelados en Dénia, Portaceli, Alcira, Alcoi, Gandía, Orihuela, Elche y el Reformatorio de Alicante, los campos de concentración de Miranda de Ebro y Valdenoceda, las cárceles de Lleida, Valencia y Carabanchel, los penales de El Dueso y Burgos, etc.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a veinticinco personas. Las mujeres represaliadas no fueron muchas: dos de ellas fueron maestras sancionadas por la Comisión depuradora del Magisterio, otra estuvo cierto tiempo en la cárcel -ignoramos si llegó a ser juzgada-, una enfermera fue condenada a 12 años de prisión por excitación a la rebelión, otra fue absuelta y una sexta fue condenada a una pena mínima. Un vecino, Juan Serer Mora, murió en la prisión y otro, Antonio Buigues Moncho, fue torturado hasta la muerte, que se presentó después como un suicidio.