Francisco Moreno Sáez

Localidad de la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 3.025 habitantes en 1930 y 3.391 en 1940. Pueblo agrícola -en 1920 trabajaban en el campo 400 hombres y 100 mujeres- de larga tradición socialista, ya en 1903 se organizó una Sociedad de Trabajadores Agrícola afecta a la UGT, que tenía unos ochenta afiliados y que consiguió incluso la elección de un compañero como concejal. En las elecciones de abril de 1931 fueron cuatro los concejales socialistas. En la huelga general agraria de junio de 1934 se produjeron algunos actos de violencia, lo que también ocurrió en octubre de 1934, siendo entonces encarcelados quince campesinos. Durante la guerra civil la Agrupación Socialista tenía en torno a la veintena de afiliados, siendo muchos más los integrantes en las secciones de la UGT, sobre todo a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. En noviembre de 1936 se creo el Radio del PCE, que pertenecía a la comarcal de Elche, había creado una sección de la Federación Provincial Campesina y contaba en 1938 con treinta militantes, más otros diez que estaban en el frente. Había una Casa del Pueblo y una Colectividad Campesina UGT-CNT y organizaciones como IR, JSU y las Juventudes Libertarias.

Tres vecinos fueron víctimas de al violencia durante la etapa republicana y la Causa General apenas citaba como sospechosos a tres personas, dos de las cuales se encontraban en 1940 en Francia o en paradero desconocido, el tercero fue condenado a muerte y ejecutado. La Iglesia Parroquial había sido incendiada en abril de 1939 y en el verano de ese año fueron destruidas las ermitas de Santa Águeda, de la Purísima y de la Sagrada Familia, siendo profanados los objetos de culto. También ese verano tuvieron lugar el saqueo o incautación de domicilios particulares y algunas amenazas a quienes se resistían a entregar sumas de dinero para las milicias.

Los falangistas cumplieron un papel fundamental e las detenciones de los primeros momentos de la represión franquista, en abril de 1939, y en junio aún tenían recluidos a algunos vecinos en sus dependencias, por lo que el gobernador civil ordenó que "los presos que hay a disposición de FET pasen a disposición de la Autoridad Militar y del señor Gobernador"".

Un vecino de Catral, Pascual Ñíguez Navarro, fue el primer ejecutado por los franquistas en la provincia de Alicante, el 22 de abril de 1939, y otros cuatro lo fueron el 5-V-1939, junto al diputado republicano Eliseo Gómez Serrano. En total, fueron once los vecinos ejecutados. Otros cinco fueron condenados a elevadas penas por adhesión a la rebelión y el resto lo fueron por auxilio a la rebelión. Fue acusados, además de los delitos arriba citados, de haber sido milicianos, guardias de asalto, voluntarios en el ejército republicano -con alguna graduación-, intervenir en requisas y detenciones o haber sido concejales o alcalde. Alguna acusación no deja de ser pintoresca; haber obligado a otros vecinos a asistir a la proyección de películas soviéticas.

Cumplieron condena en el Reformatorio de Alicante, las cárceles de Orihuela y Elche, en la provincia, y en las de Cartagena, San Juan de Mozarrifar, Valencia, Burgos, Toledo y otros lugares. Varios vecinos fueron enviados a trabajar en Batallones de Soldados Trabajadores o Colonias Militarizadas en Dos Hermanas, Aranjuez, Añover del Tajo, Belchite, Talavera, San Sadurní de Noia y las minas de Montalbán. Al salid en libertad condicional, algunos fueron desterrados a Logroño, Béjar o Cullera. Sus profesiones eran muy variadas, aunque predominaban los jornaleros agrícolas. Hay que señalar el hecho de que fueran objeto de represalias varias familias, como las de los hermanos Pascual Navarro, Sánchez Gelardo y Ñíguez Navarro.

Por hechos posteriores a abril de 1939 fueron detenidos y procesados y condenados, en algún caso, varios vecinos: nueve en el contexto de la represión contra el PCE y Unión Nacional en 1945, y cuatro por intentar reorganizar la CNT-FAI en 1947. Uno de los primeros, Julio Cecilia, fue de nuevo detenido acusado de pertenecer a una organización comunista, en 1948.

Dos vecinos de Catral fueron asesinados en los campos nazis y veintidós fueron afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas, aunque -dada su insuficiencia económica- no tuvieron que pagar ninguna sanción económica. Una mujer, Concepción Rodríguez, fue condenada a 12 años y 1 día de reclusión menor por su activismo político y sindical y por haber sido miliciana, aunque también fue acusada de haber participado en la destrucción de imágenes.