Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de l’Alacantí, que tenía 836 habitantes en 1930 y 709 en 1940. En la organización obrera predominaba la UGT, que controlaba una Colectividad Agrícola. La Agrupación Socialista se incorporó en 1931 a la Federación Provincial Socialista, en 1936 tenía 14 afiliados y dos años más tarde, 20. Sobre la CNT hay informaciones contradictorias: algunos vecinos aparecen afiliados a ese sindicato antes del alzamiento militar, pero otros aseguraron en sus declaraciones que se había creado ya iniciada la contienda, desde posiciones moderadas, para contrarrestar la influencia de la UGT. Hasta noviembre de 1937 no se constituyó el Frente Popular Antifascista, con representación de UGT, CNT, PSOE, IR y PCE, cuyo Radio apenas funcionaba porque la mayoría de sus componentes se habían incorporado al frente. También funcionó una sección de la Federación Provincial Campesina.
La Causa General reseñó cuatro victimas de la represión republicana -aunque, en algún caso, se citaba también a una quinta, un sacerdote muerto en la cárcel-. Tres de ellos fueron asesinados en “paseos” -de los que se acusaba a personas que se encontraban en el extranjero- y el cuarto, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Brotons Brotons, fue condenado a muerte por el Tribunal Popular y fusilado en octubre de 1936, por “su adhesión fervorosa a la sublevación fascista y su contacto con los elementos rebeldes”. El juicio por “conspiración para la rebelión militar” afectó a otros siete vecinos de Busot, que fueron absueltos, en su mayoría, aunque dos fueron condenados a 20 años de reclusión. Doce personas fueron declaradas “desafectas”. Además, la Causa General citaba la incautación de fincas urbanas y rústicas, así como del servicio eléctrico, y el incendio de imágenes y objetos sagrados, hecho éste por el que fueron condenados varios vecinos en la postguerra, aunque al parecer algunos fueron “personas de derechas que fueron obligados por los dirigentes de izquierda a cometer los hechos de la Iglesia”.
Los represaliados por el franquismo -en su mayoría, labradores- fueron acusados del incendio de imágenes y objetos sagrados, de incautaciones, de haber actuado como milicianos o haber marchado voluntariamente al frente, de pertenecer como responsables al Ayuntamiento -concejales, alcalde, tenientes de alcalde- o a la Junta Clasificadora de Desafectos, de haber elaborado informes o actuado como testigos de cargo en el citado juicio ante el tribunal popular, de haber participado en la detención de varios vecinos, entre ellos Román Bono y de haber exigido dinero a personas de derechas. Dos de ellos fueron condenados a muerte, aunque se les conmutó la pena por la inmediata inferior, 30 años de reclusión mayor, que se aplicó a otros seis. El resto de las penas fue muy dispar y hubo una absolución. Estuvieron encarcelados en Xixona, Alcoi, Novelda y el Reformatorio de Alicante y algunos fueron enviados a trabajar en Colonias Militarizadas como la de Dos Hermanas, las obras del ferrocarril Madrid-Burgos y el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros.
La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó 23 vecinos. Dos mujeres fueron represaliadas, una maestra y una militante de CNT que fue condenada a ocho años de prisión. Por hechos posteriores a abril de 1939 fueron procesados varios vecinos: seis de ellos, acusados de “encubrimiento de rebeldes” por haber prestado una ayuda supuesta a huidos. Hay que tener en cuenta, además, que la guardia civil estaba convencida de que algunos habitantes de Busot prestaban “ auxilio y protección a los bandoleros” ocultos en Aitana. José Prieto Blasco, “Pepe Obrera”, que había sido alcalde, marchó al exilio.