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Daniela Ferrández Pérez

Francisco Moreno Sáez

Localidad perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 8.864 habitantes en 1930 y 10.459 en 1940. La llegada del movimiento obrero organizado a esta localidad fue muy tardía, dado el control de la vida local por redes clientelares provenientes de la Restauración. En este sentido, en las elecciones de abril de 1931 fueron proclamados sin votación 16 concejales monárquicos por aplicación del artículo 29, algo que fue denunciado al gobernador civil, que disolvió el ayuntamiento y nombró una comisión gestora presidida por Aquilino Herrera, líder de Alianza Republicana. Sabemos que la Agrupación Socialista tenía, en julio de 1936, 22 afiliados y experimentó luego un gran crecimiento, de modo que durante la guerra tenía 242, de ellos 10 mujeres. En la UGT -sobre todo, en la Sociedad de Oficios Varios y en la de trabajadores de la tierra- militaban socialistas y comunistas, como en la JSU. La Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) tenía, durante la contienda, una Cooperativa Agrícola. La CNT tenía una menor presencia, pero también organizó una Cooperativa Agrícola^1. Pertenecían a los partidos republicanos -Partido Radical, UR y luego IR, con sede en el Circulo Republicano- los primeros alcaldes de la República: Aquilino Herrera, miembro del Partido Radical, Ángel Vaillo Pastor, militante de Izquierda Republicana, Manuel Birlanga Pertusa y Manuel Penalva Quiles, ambos de UR. Desde Junio a diciembre de 1938 los alcaldes fueron José Rebollo, Alberto Paredes y José Valdés, del PCE y del PSOE,

Pero el partido predominante durante la guerra civil en la localidad fue el PCE. En Almoradí residía la sede central de una de las tres organizaciones comarcales de la Vega Baja. El Radio de Almoradí funcionaba bastante bien, solía enviar representantes a las asambleas provinciales del PCE y del SRI, organizó una sección de Unión de Muchachas y otra de la Federación Provincial Campesina y creó una Cooperativa Agrícola. Una de sus militantes, Teresa Rodríguez Calvo -que al final de la guerra se exiliaría la URSS- pertenecía al Buró provincial del PCE y fue encargada por éste para orientar el trabajo en varias localidades.

En noviembre de 1933 y al intentar boicotear un mitin de la derecha en el campo de fútbol fue asesinado el comunista José Amorós Girona, de la familia de Los Manqué, y heridos su hermano León y Jaime Pertusa, por disparos efectuados por varios vecinos de derechas. Más adelante, en mayo de 1936 se produjo un intento de asalto a la Casa Rectoral -que impidió el alcalde Ángel Vaíllo-.

Según la Causa General, en agosto de 1936 fueron asesinados en Los Saladares, de Elche, Jaime Mazón Hernández, Filomeno Ruiz García, y Manuel Ros García, todos agricultores y de derechas, a los que se consideraba autores de la muerte de José Amorós Girona, en un ajuste de cuentas que se planificó en el Cuartel de Milicias, instalado en el Casino. Más adelante, otro implicado en la misma muerte, Ignacio Rufete, fue también asesinado. Además, aseguraba el informe a la Causa General, fechado en enero de 1941, que a causa del envío por el Ayuntamiento de unos informes desfavorables fueron asesinados en El Cabañal (Valencia) otro cinco vecinos de la localidad, falangistas y de derechas. Otras víctimas de la violencia republicana fueron asesinadas en Elche, Madrid y San Fulgencio. Además, en agosto de 1936 "las turbas rojas" saquearon e incendiaron los ornamentos sagrados e imágenes de la Iglesia Parroquial, las ermitas de Montesinos, Heredades, Cruz de Galindo y Don Pedro, haciendo burla y escarnio con los atributos y vestimentas sagradas. No hubo vecinos declarados "facciosos".

Los represaliados por el franquismo eran, en su inmensa mayoría, jornaleros del campo, aunque había también carpinteros, chóferes, maestros, comerciantes, albañiles, etc. Casi todos tenían entre 25 y 30 años, y la afiliación predominante era al PCE. Fueron acusados, además de los delitos citados en la Causa General, de haber formado parte del Comité Revolucionario de Defensa, las direcciones de los partidos y sindicatos que apoyaban al Frente Popular, el Comité de Refugiados, la Casa del Pueblo, las Cooperativas y Colectividades agrícolas, etc; haber sido milicianos y haber tomado parte en incautaciones, denuncias, detenciones, registros, exacciones de dinero a personas de derechas, mítines y manifestaciones; haber marchado voluntariamente al frente; haber disfrutado de las fincas incautadas; hacer propaganda de "la causa roja"; de los incidentes ocurridos en mayo de 1936 y del asalto al cuartel de la guardia civil en Torrevieja. Esas acusaciones eran formuladas por un grupo de informantes y delatores cuyos nombres aparecen repetidamente en los sumarios². Llama la atención la disparidad entre las acusaciones y las sentencias posteriores, y es muy probable que determinadas "confesiones" se obtuvieran bajo torturas, tal y como citan algunos documentos del AHGD.

Los Consejos de guerra dictaron 18 penas de muerte, aunque solo 12 fueron ejecutadas -igualando así el número de víctimas de la violencia republicana-, pues a los otros 6 se les conmutó la pena por la de 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión, pena a la que fueron condenadas otras 12 personas. En el caso de Luisa Rebollo Andrés la conmutación fue motivada por una parálisis corporal sufrida en prisión que la dejó impedida de por vida. La mayoría fueron condenados por auxilio a la rebelión, a 20 y 12 años y 1 día de reclusión menor -cerca de cincuenta vecinos- y a 6 años y 1 día de prisión mayor -cerca de 30-, sobre todo, aunque hubo otras penas.

Muchos de ellos estuvieron presos en la cárcel de la localidad en las primeras semanas: así, en septiembre de 1939 150 presos que se encontraban allí fueron enviados al campo de concentración de Albatera, de donde pasaron al de Portaceli, en Valencia. Otros estuvieron, en los primeros meses, encarcelados en Cartagena, Valladolid, Nules y Burriana, en el campo de concentración de Miranda de Ebro y en otras prisiones. Las condenas las cumplieron sobre todo, en las cárceles de la provincia -Elche, Orihuela, Monóvar, Alcoi, el Reformatorio de Alicante-, en los penales de Formentera, El Dueso, Ocaña o Burgos, así como en prisiones de distintas localidades. Además, fueron muchos los vecinos de Almoradí que fueron enviados a trabajar en las Colonias Militarizadas o en los Batallones de Soldados Trabajadores de Talavera, el pantano de Benagéber en Valencia, Gaucín, Vera de Bidasoa, Arcos de Jalón, Argés, Belchite, Miraflores de la Sierra, Dos Hermanas, etc.

La Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó a más de 50 vecinos, aunque apenas se impusieron multas, dada la insuficiencia económica de casi todos ellos. Dos vecinos fueron internados en los campos de exterminio nazis y ambos fueron liberados en 1945, en Mauthausen. El ferroviario José Cortes Navarro fue el único condenado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, pues había pertenecido durante la República a la logia Constante Alona, de Alicante. Una vecina, Teresa Girona Mateo -de la familia de los Manqué- murió en la enfermería del Reformatorio de Alicante. A esa misma familia pertenecía León Amorós Girona, que se incorporó a la guerrilla y fue capturado en 1946.

La represión de las mujeres en la postguerra no puede ser comprendida en toda su magnitud sin acudir a fuentes orales. Las fuentes documentales nos hablan de cerca de veinte mujeres represaliadas, una de ellas, Soledad Amorós Girona, de la perseguida familia de Los Manqué, fue condenada a muerte y fusilada por su activismo, ya que no estaba implicada en delitos de sangre, pues la acusación de incitar a sus hermanos -que no fueron ejecutados- a cometerlos fue desmentida por un informe municipal. Este y otros casos de represión a mujeres son evidencia del componente de género existente en las condenas, ya que cuestionar la idea de mujer sumisa propugnada por el franquismo y presente en sus leyes fundamentales desde 1938 con el Fuero del Trabajo era considerado un agravante. De esta forma, se observa en informes y condenas cómo se consideran punibles aspectos tales como vestir de miliciana –con mono o pantalones-, algo que en los hombres no se cuestiona. Otras fueron condenadas a penas que fueron entre los 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión hasta los 3 años y 1 día por auxilio a la rebelión: se les acusó de estar involucradas en el asunto de la muerte del inspector Maján, de hacer determinados comentarios de haber participado en algaradas y, sobre todo, de haber tenido una actividad política, en su mayoría, en las filas del PCE. Pero, como hemos dicho, la represión cotidiana fue mucho más amplia, dándose casos de acoso sexual, como el que, al parecer, llevó a la muerte -calificada como suicidio- de una vecina, apodada "la Polola". Otras modalidades represivas presentes en los testimonios orales hacen referencia al escarnio público y rapado de cabeza, aunque la represión a las mujeres se extendía a todos los resortes de la vida cotidiana mediante la exclusión social que también padecían las mujeres de los presos, o la nula asistencia por parte del nuevo Estado a aquellas que tuvieron que sacar adelante solas a sus familias ante el contexto del momento marcado por la escasez y la hambruna.

La represión no se limitó a los implicados en hechos ocurridos durante la guerra civil, sino que continuó durante años, sobre todo en la década de los cuarenta. El episodio más conocido y que afectó a más de 60 vecinos fue la detención de vecinos supuestamente implicados en el llamado "complot comunista" que la policía dijo haber desarticulado en 1945, tras la muerte del inspector Maján: muchos fueron puestos en libertad en junio de ese año, pero otros fueron procesados y condenados a penas entre los 12 años y 1 día de reclusión menor y el año de prisión por pertenencia a la Unión Nacional. Uno de los apresados, Constantino Birlanga Pertusa, tuvo que ser trasladado urgentemente al Hospital, donde murió por una oclusión intestinal. Antes, en 1943 varios comunistas fueron detenidos por falangistas, que les acusaron de participar en reuniones clandestinas en Los Montesinos³. Y en 1947 otros vecinos fueron detenidos acusados de intentar reorganizar el PCE o la CNT. La evolución de la guerra mundial, seguida a través de las radios extranjeras, animaba mucho a los vencidos e irritaba a los vencedores, que en agosto de 1944 informaban al Gobierno Civil de que había constante reuniones en bares y cafés en los que se comentaban los éxitos del ejército soviético, a pesar de la vigilancia de la guardia civil y la propia Falange ejercía sobre los "rojos", muchos de ellos en libertad condicional⁴.

(1). En el AHPA, Legajo 1067 - Carpeta 74, se conserva una relación de los bienes de esta Colectividad.

(2). Un detenido análisis de los sumarios -con las acusaciones, las declaraciones de testigos y acusados, etc- en el libro de FERRÁNDEZ PÉREZ, Daniela, La represión franquista en Almoradí. Almoradí. 2014.

(3). Muy probablemente en esas reuniones se comentaban las noticias sobre la guerra mundial, cuya evolución animaba a los antifranquistas. Según el informe de la Falange local, se reunían vecinos de antecedentes marxistas, algunos en libertad condicional, cuando “de modo especial las emisoras demo-liberales favorecidas por la situación política italiana, intensificaron sus propagandas contra los regímenes de tipo Nacional, originando estos hechos interpretaciones infundadas de los elementos rojos que no se recatan ni en sus manifestaciones públicas mostrando su júbilo, ni en sus reuniones privadas, como las presentes” (Fuente: AHPA. Legajo 780).