Francisco Moreno Sáez
Población agrícola perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, que tenía 445 habitantes en 1930 y 517 en 1940. Había una gran presencia de la nobleza propietaria de fincas agrícolas, como los marqueses de Algorfa o los condes de Casa Rojas, propietarios del Castillo de Montemar – que fue incautado por las autoridades republicanas durante la guerra civil-.
La mayoría de los trabajadores -jornaleros del campo, algunos artesanos- sindicados pertenecían a una Sociedad de Obreros Agrícolas afecta a UGT y que se había creado en 1930. Sin embargo, durante la guerra e impulsada por el PCE, se creó allí una sección de la Federación Provincial Campesina. No parece que tuviese mucha presencia la CNT. En cuanto a los partidos políticos, predominaba el PSOE, que en 1933 obtuvo casi la mitad de los votos emitidos en la localidad y que, a mediados de 1936, contaba con 18 militantes. Sin embargo, durante la guerra algunos de ellos pasaron al PCE, cuyo Radio pertenecía a la comarcal de Almoradí. Uno de sus miembros, el alcalde Antonio Ñíguez, informaba a la organización provincial de las dificultades que tenían para funcionar, pues “son ya muchos los militantes que están en filas”. Tenían los comunistas buenas relaciones con los socialistas.
Durante la guerra civil, no hubo víctimas de muerte violenta y dos vecinos fueron declarados desafectos. Según la Causa General y las sentencias de algunos Consejos de guerra, se produjeron varias incautaciones de fincas y requisas de productos agrícolas, la destrucción de la iglesia y de imágenes sagradas y el asalto a la vivienda del maestro. No parece fundada la acusación que se hizo en ese documento al alcalde de la localidad, el comunista Antonio Ñíguez Muñoz, de haber colaborado en el asesinato de un falangista de Almoradí, puesto que no se recogió ese hecho en la sentencia del Consejo de guerra que le condenó a solo 12 años de prisión mayor por auxilio a la rebelión.
La represión franquista fue protagonizada, en un primer momento, por los militantes de Falange Española, según se desprende de un informe de alcaldía al Gobierno Civil, pues en julio de 1939 no había detenidos en el depósito municipal pero sí cuatro en los locales de Falange, "sin que esta Alcaldía haya intervenido en dichas detenciones"". El gobernador ordenó que fuesen puestos a disposición de la Autoridad Militar aquellos sobre los cuales hubiese indicios de delito, y los otros pasasen a su disposición. Los represaliados de Algorfa estaban acusados de incautación de fincas y requisas, detenciones, destrucción de imágenes y, en algún caso, de haber sido teniente del ejercito republicano haberse distinguido por su actividad revolucionaria antes de la guerra. Dos de ellos fueron condenados por adhesión a la rebelión a 30 años de reclusión mayor, aunque a uno se le conmutó la pena por la de 20 años y 1 día. Varios de los juzgados lo fueron como consecuencia de la denuncia presentada por un comerciante -que fue también juzgado en Consejo de guerra y absuelto- cuyo coche fue incautado por el Frente Popular y que en en agosto de 1936 fue obligado a llevar a unos milicianos -condenados en ese mismo proceso- a Torrevieja, pero ante los rumores de la sublevación allí de la Guardia Civil, boicoteó el viaje de manera que tardó dos horas en llegar a Torrevieja, en cuyas inmediaciones se quedó, con el coche.
No hubo ninguna mujer represaliada y uno de los reclusos murió de enfermedad cuando fue trasladado desde la prisión a un Hospital. En noviembre de 1944 fue detenido un vecino que llevaba oculto desde la finalización de la guerra. En 1945 varios vecinos fueron acusados de haber prestado ayuda y cobijo a uno de los que tirotearon y causaron la muerte al inspector de policía Majan, en una partida de Elche, hecho que provocó una enorme represión en la provincia: uno de ellos fue condenado en Consejo de guerra a cuatro años de prisión menor. Un caso interesante es el del citado alcalde Ñíguez, que fue acusado de haber habitado el edificio de la Iglesia, parte del cual dedicó a la cría de animales; sin embargo, en la sentencia del Consejo de guerra se reconocía que lo había hecho por indicación de unas personas de derechas, para evitar su total destrucción, aunque se causaron bastantes desperfectos.
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