Francisco Moreno Sáez
Localidad perteneciente a la comarca de l’Alacantí que tenía 1.038 habitantes en 1930 y 1.041 en 1940. Sus vecinos estaba dedicados a la agricultura, aunque algunos trabajaban en el balneario allí existente desde el siglo XIX, que durante la guerra se convirtió en Sanatorio Antituberculoso. Los oficios de los represaliados eran, pues, en su mayoría el de labradores y jornaleros del campo, algunos albañiles y artesanos.
En 1918 existía una pretendida sociedad obrera, llamada “Cultura y Ahorro”, que tenía 159 socios y estaba controlada por los caciques locales. Además había organización de IR, CNT. Juventudes Libertarias y, sobre todo, UGT y PSOE, cuya Agrupación local se creó en enero de 1936 y tuvo que reorganizarse en mayo de ese mismo año, contaba con 40 militantes al estallar la guerra. El PCE, que tenía poca presencia, pertenecía a la comarcal de Alicante. Un informe de la guardia civil en que se acusaba a un vecino de pertenecer a un “partido trosquista” debe de ser considerada pura fantasía.
Durante la guerra no hubo ninguna víctima mortal ni vecinos calificados como desafectos. Posteriormente, los represaliados por el franquismo fueron acusados de haber participado en el incendio de imágenes sagradas y objetos de culto de la parroquia -algunos de cuyos altares habrían sido profanados- y de la incautación de fincas rurales y exigencias de dinero a personas de derechas. Varios lo fueron por haber elaborado un informe sobre vecinos de la localidad, uno de los cuales, Clemente Brotons, pasó preso varios años y fue multado.
La mayoría de los juzgados en Consejo de guerra fueron condenados a penas en torno a los seis años; otros cinco fueron condenados a doce años y un día de reclusión menor por auxilio a la rebelión y solo hubo un condena por adhesión a la rebelión, Ramos Ramos, que fue condenado a muerte -pena que le fue conmutada por la de treinta años y se le rebajó después a catorce años- por haber sido comisario político. Llama la atención que un vecino, transportista, que se quejó de que las autoridades locales no le dejaban trabajar y afirmó que, cuando cambiase el régimen, desterraría al alcalde y al jefe de Falange a cincuenta kilómetros del pueblo, permaneciese más de dos meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por la Justicia Militar. Estuvieron encarcelados en las prisiones de Xixona, Dénia. Alcoi, Porta Coeli, Elche y, sobre todo, en el Reformatorio de Alicante. Algunos exiliados solicitaron permiso para regresar desde finales de los años cuarenta hasta mediados de los sesenta.
Se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas a ocho vecinos, condenados a penas de inhabilitación por insuficiencia económica. Un maestro fue suspendido de empleo y sueldo durante un año y trasladado a la provincia de Huesca; una maestra fue sancionada con traslado dentro de la provincia e inhabilitación para cargos de confianza y, finalmente, otra maestra, que había sido maestra puericultora en Guadarrama y en el Sanatorio Antituberculoso fue separada definitivamente del Cuerpo, condenada a doce años de cárcel y acusada de pertenecer al PCE y hacer “labor marcadamente marxista” con los niños. Además de esas dos maestras citadas, otras dos mujeres fueron objeto de represalias: una de ellas por recibir -en una carta interceptada por la censura- instrucciones para poder reunirse con su marido, exiliado en Argelia.