Francisco Moreno Sáez
Localidad agrícola, perteneciente a la comarca del Comtat, que tenía 1.218 habitantes en 1930 y 1.171 en 1940. En Agres predominaban claramente la UGT y el PSOE -aunque hubo también algunos afiliados a IR o PCE- y existía desde años atrás una Sociedad de Trabajadores de la Tierra, afecta a UGT, que presidía Hermenegildo Tecles y que en mayo de 1934 comunicó al alcalde su decisión -tomada por 52 votos a favor- de declarar la huelga geneal campesina a partir del 5 de junio. La huelga fue pacifica, aunque hubo algunas coacciones contra quienes pretendían trabajar, según informó el alcalde al Gobernador Civil. Durante la guerra hubo una Cooperativa Agrícola y algunos militantes de IR y JSU. La Agrupación Socialista contaba con 54 afiliados en marzo de 1937.
En el verano de 1936 fueron descubiertos -estaban escondidos en una masía- José Payá y Alonso de Medina, abogado, de 70 años, monárquico y Gentilhombre de SM Alfonso XIII, y su hijo Miguel Payá, abogado, de 40 años, perteneciente a Falange. Fueron trasladados a la cárcel de Alicante: el primer “murió o lo mataron, no se sabe cierto” -según la Causa General- y el segundo fue fusilado. De otra víctima de la represión republicana, un labrador de derechas, no se sabía ni la fecha, ni el lugar ni las circunstancias de su muerte. Treinta vecinos fueron declarados “facciosos”.
Se produjeron también la destrucción de imágenes sagradas -algunas de ellas, en domicilios particulares-, la incautación de fincas y la exigencia de sumas de dinero a personas de derechas para pagar a los milicianos.
Los represaliados por el franquismo fueron, casi en su totalidad, labradores y jornaleros; hubo también un médico, un carpintero, dos ferroviarios, un herrero, un tejedor y un chófer. De ellos, veintiuno fueron juzgados en Alicante el 13-XI-1942 y condenados a penas que oscilaron entre los dieciséis años de reclusión menor por auxilio a la rebelión y la absolución. Eran quienes habían desempeñado los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o miembro del Comité de Defensa, y, por tanto, considerados responsables de las detenciones, informes sobre vecinos que estaban en el frente, incautaciones, exigencias de dinero, destrucción de imágenes sagradas y objetos de culto que se produjeron en la localidad. Solo hubo un condenado por adhesión a la rebelión, a veinte años y un día de reclusión mayor. Llama la atención la escasa pena impuesta -ocho años de cárcel- por un Consejo de guerra a un vecino, Primitivo Pascual, que desertó en 1937 del ejército rebelde -al que se había incorporado porque estaba haciendo el servicio militar en Melilla en julio de 1936- en el frente de Madrid, “sin armamento y acuciado por el deseo de ver a sus familiares”.
Otra circunstancia extraña es que, a pesar del elevado número de condenados a penas elevadas en Consejo de guerra, apenas tengamos datos de solo cuatro vecinos a los que se hubiera aplicado la Ley de Responsabilidades Políticas.
Los vecinos de Agres estuvieron encarcelados en Cocentaina y Alcoi -el campo Oliver, La Abastecedora- y casi todos cumplieron condena en el Reformatorio de Alicante. Una mujer, Francisca Castelló Ribera, fue condenada a 12 años y 1 día de reclusión menor por haber denunciado a un sacerdote que estaba escondido en una masía y que tiempo después fue asesinado. Una maestra, Ana Maria Blasco, no se presentó a la depuración y perdió su plaza de interina.
Como ocurrió en otras localidades, cuando el gobernador civil ordenó -a la vista de la evolución de la guerra mundial- proceder a la detención de quienes, en esos momentos, desarrollasen alguna actividad política contra el Régimen, la guardia civil procedió a apresar a quienes desde 1934 se había distinguido como dirigentes de la clase obrera, a pesar de no tener actividad alguna en esos momentos, pero que “con una sola indicación de los mismos les seguirían los restantes de izquierdas”. El gobernador civil les impuso un arresto gubernativo en la cárcel de Alicante.